Los ayuntamientos españoles despidieron a 28.400 personas en el primer trimestre del año, semanas antes de la puesta en marcha del proceso de regularización masiva de personas migrantes, según ha denunciado este martes la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) a tenor de los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).
En concreto, el sindicato señala que en el primer trimestre del año se registraron un total de 336.300 efectivos en los ayuntamientos, frente a las 346.300 del periodo anterior.
«Esta pérdida de efectivos supone una irresponsabilidad teniendo en cuenta la carga de trabajo prevista en el proceso de regularización, como comprobamos a diario con largas colas de personas en las puertas de los ayuntamientos de toda España para resolver sus gestiones», ha criticado CSIF.
En su opinión, el proceso de regulación masiva de migrantes «está poniendo al descubierto las costuras y necesidades de una Administración ya de por sí tensionada en la carga de trabajo, especialmente en ámbitos como los ayuntamientos, Extranjería, Seguridad Social e Interior».
En vísperas de la celebración del 1º de Mayo, CSIF ha argumentado que la subida de la tasa de paro hasta el 10,83% y la caída de la ocupación en 170.000 personas en el primer trimestre del año constatan que el mercado laboral español tiene pendiente una reforma estructural del modelo productivo, pues «el empleo continúa mostrando las mismas vulnerabilidades históricas».
«Estos datos indican que el empleo no está blindado, así como la estacionalidad del mercado laboral, donde perviven situaciones de vulnerabilidad y precariedad, pese a la reforma laboral», denuncian desde CSIF.
Miles de nuevos temporales en las administraciones públicas
CSIF también ha llamado la atención sobre el problema de la temporalidad en las administraciones públicas, que sigue estancada en torno al 27%, porcentaje que más que duplica al del sector privado.
Este dato se conoce tras la última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que apunta que las administraciones públicas están incumpliendo «de manera sistemática» la Ley de Temporalidad.
Así, según CSIF, el 23% de las plazas ofertadas a estabilización aún no han sido cubiertas y miles de plazas todavía no se han convocado.
«Esta situación pone en evidencia la ineficacia y falta de voluntad política de las diferentes administraciones, lo que supone un flagrante incumplimiento de lo establecido por mandato legal en la Ley 20/2021, ya que la resolución de los procesos de estabilización debería haberse ejecutado antes del 31 de diciembre de 2024», alega el sindicato.
Por eso, la organización que dirige Miguel Borra reclama establecer por ley «sanciones ejemplares, claras, concretas y aplicables» para los responsables de las administraciones que sigan abusando de la contratación temporal; que las ofertas de empleo público convoquen todas las plazas estructurales; y reducir los plazos de ejecución de los procesos selectivos (actualmente tienen un plazo máximo de 3 años, que se incumple «sistemáticamente»).
Además, tras el acuerdo alcanzado con CSIF, el Gobierno debe eliminar la tasa de reposición en la próxima oferta de empleo público para que las administraciones puedan realizar ofertas de empleo público en función de sus necesidades sin contratar interinos.
Sin embargo, CSIF ha acusado al Gobierno de ocultar las cifras de la oferta de empleo público de este año, lo que supone «una situación inaudita que hurta a las organizaciones sindicales su derecho a negociar». CSIF espera conocer estos datos antes de la aprobación en el Consejo de Ministros de la oferta de empleo público de la Administración del Estado.