Los fondos que pleitean contra España por el recorte de las primas a las energías renovables durante el gobierno de Mariano Rajoy han puesto el foco en la selección española de fútbol y su participación en el próximo Mundial de Fútbol como vía para el cobro de sus respectivas indemnizaciones por los incumplimientos en Estados Unidos.
Según informaron en fuentes jurídicas, estos acreedores han dirigido requerimientos judiciales (subpoenas) a compañías como Adidas, así como a cadenas hoteleras como Hilton, operadores logísticos y entidades vinculadas a infraestructuras donde tiene previsto entrenar la selección española, como el complejo Baylor.
En concreto, el objetivo sería identificar flujos económicos susceptibles de embargo. En la práctica, esto significa que los pagos y relaciones comerciales ligados a la participación de España en el Mundial están ahora bajo escrutinio judicial, y podrían ser intervenidos para satisfacer las deudas pendientes.
De esta manera, los acreedores buscan acrecentar la presión judicial en Estados Unidos, donde ya han logrado ya siete sentencias favorables en sus tribunales para registrar los laudos, lo que supone que la justicia norteamericana reconoce formalmente a España como deudor, lo que abre la puerta a ejecutar embargos sobre activos vinculados al Estado español en territorio estadounidense.
De hecho, esa fase ya ha comenzado y, en el marco del caso que afecta a RREEF, con una condena inicial cercana a 40 millones de euros -que se elevan a 74 millones al incluir intereses y costes adicionales-, se han puesto en marcha acciones de rastreo de activos a gran escala. Estas actuaciones incluyen el envío de decenas de requerimientos judiciales a empresas y entidades con relaciones económicas con España.
A este respecto, los acreedores insisten en que la situación es «insostenible y piden una solución negociada que evite un deterioro mayor de la imagen internacional de España«.
Además, recuerdan que tribunales superiores de jurisdicciones como Reino Unido, Australia o Singapur ya han fallado en contra del Estado español, consolidando un frente judicial global y subrayan que los embargos ya son una realidad, ya que la justicia belga mantiene intervenidos 482 millones de euros de activos españoles en procedimientos vinculados a estos mismos impagos.