La ministra de Sanidad, Mónica García, reúne este miércoles a las comunidades autónomas para explicar el borrador del estatuto marco que está negociando con los sindicatos y que ha generado un amplio rechazo entre los médicos. Varias autonomías acudirán con el objetivo de escuchar, aunque algunas ya han manifestado su disconformidad con las medidas propuestas.
La Comisión de Recursos Humanos se convoca tras la petición de los consejeros autonómicos, preocupados por el impacto del borrador en la organización del Sistema Nacional de Salud (SNS). El encuentro tiene lugar un día antes de que el Ministerio retome las negociaciones con los sindicatos y de la gran manifestación convocada por las organizaciones médicas en protesta por la falta de un estatuto específico para los facultativos.
El Ministerio defiende que el nuevo estatuto marco introduce mejoras como laS reducción de la precariedad y las horas de guardia, el reconocimiento de los profesionales como autoridad pública y la profesionalización de la gestión sanitaria con la figura del directivo profesional. Sin embargo, una de las medidas más polémicas es el régimen de incompatibilidades, que prohibiría a los jefes de servicio y mandos intermedios ejercer simultáneamente en la sanidad pública y privada, aunque con un complemento retributivo por exclusividad.
Sanidad argumenta que esta norma busca garantizar un desempeño ético y evitar conflictos de interés, pero los médicos consideran que los afecta de forma desproporcionada y que fomentará la fuga de talento. Algunas comunidades, como Navarra y Asturias, ya aplican la exclusividad en determinados casos, mientras que otras regiones del PP han expresado su rechazo al borrador.
En la Región de Murcia, la Asamblea regional aprobó por urgencia una proposición de ley de Vox, con apoyo del PP, para permitir la compatibilidad entre sanidad pública y privada. También se aprobó una moción en contra del estatuto marco, evidenciando el rechazo de parte del arco político al texto del Ministerio.
Comunidades como Castilla y León, Andalucía y Canarias también han criticado la falta de diálogo en la elaboración del estatuto. En particular, Canarias aprovechará la reunión para insistir en la necesidad de financiación adicional ante la crisis migratoria y el impacto en la atención sanitaria
