El Ministerio de Hacienda creará un «punto neutro de embargos» en el que cruzará información del Estado, la Seguridad Social, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, entre otras entidades, con el objetivo de evitar que los deudores con una administración puedan recibir recursos de otra.
Hacienda ha abierto a audiencia e información pública el borrador de proyecto de real decreto por el que se crea y regula el punto neutro de embargos, abierto a la presentación de observaciones hasta el 25 de junio, que recoge el futuro reglamento de este mecanismo.
La creación del punto neutro estaba prevista en la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas y se concretó con la ley de impulso a la factura electrónica, que ya especificó que la Agencia Tributaria crearía una plataforma informática para el intercambio de información y actuaciones.
Ahora, Hacienda diseña un reglamento que sitúa el punto neutro de embargos como un espacio en el que se contrastará la información de los deudores en situación de generar actuaciones de embargo con alguna administración y las posibles propuestas de pago a esos morosos, con el objetivo de evitar que estos se produzcan.
Además, establece que si confluyen varias propuestas de embargo de distintas administraciones con la misma preferencia de cobro, todas se concentrarán en un mismo momento y el importe disponible se prorrateará.
De la misma manera, en los casos en que confluyan varias propuestas de embargo y varias propuestas de pago para el mismo caso, se diseña un proceso automatizado para confeccionar «la mejor combinación» para satisfacer la deuda de manera proporcionada y minimizar la carga burocrática.
En la práctica, esto supondrá la creación de una aplicación informática por parte de la Agencia Tributaria en la que se producirán los intercambios de información y actuaciones de embargo de las administraciones que se adhieran, que tendrán que utilizar el mismo sistema de firma electrónica para suministrar la información.
El futuro punto neutro estará abierto a la Administración General del Estado, las comunidades y ciudades autónomas, la administración local, las entidades gestoras y servicios de la Seguridad Social, los organismos autónomos, universidades públicas, diputaciones forales, consorcios, agencias estatales y mutuas, entre otros.