El registro de demandantes de vivienda protegida abrirá el 21 de septiembre 

El plazo se extenderá durante 60 días hábiles desde la publicación de la oferta en la web municipal | El Ayuntamiento dispone de 52 casas, todas alquiladas

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El Ayuntamiento de Cartagena ha aprobado la apertura del Registro Municipal de demandantes de vivienda protegida y de adjudicación de viviendas sociales en alquiler. El plazo comenzará el 21 de septiembre y se extenderá durante 60 días hábiles desde la publicación de la oferta en la web municipal. El registro se renueva cada dos años y, al haber vencido la vigencia de las inscripciones anteriores, se abre un nuevo proceso.

Actualmente, el consistorio dispone de 52 viviendas municipales, todas alquiladas, y durante este Legislatura ha sumado 5 nuevos inmuebles a esta red. En el registro actual de demandantes, que se va renovar tras este nuevo proceso, hay 374 personas inscritas.

Además, el Ayuntamiento, para reforzar la red municipal de viviendas a disposición de las familias del registro, se sumó al programa PARES de la Comunidad Autónoma, una iniciativa cofinanciada con fondos FEDER que busca erradicar el chabolismo y ofrecer una solución habitacional estable con apoyo técnico. Gracias a este programa se han adquirido cuatro viviendas, que han sido remodeladas y amuebladas. Las viviendas se entregan con el equipamiento que permite a la familia beneficiaria entrar a vivir directamente.

La concejal de Política Social, Cristina Mora, ha expuesto en la Junta de Gobierno que estas acciones se complementan con el servicio de alquiler seguro, una medida clave orientada a movilizar viviendas vacías hacia el mercado del alquiler social.

A través de este servicio, gestionado por la Oficina Municipal de Vivienda, el Ayuntamiento garantiza a los propietarios que ponen su vivienda a disposición de familias con dificultades la cobertura de posibles impagos, actos vandálicos o asistencia jurídica durante la vigencia del contrato.

El coste del alquiler no puede superar el 45% de los ingresos de la familia arrendataria y los contratos deben tener una duración superior a doce meses. De este modo, se ofrece seguridad tanto a los arrendadores como a las familias beneficiarias, favoreciendo la incorporación de inmuebles al parque de alquiler asequible.

Mora ha señalado, no obstante, que «este nuevo plazo de actualización del registro es fundamental para actualizar la demanda de familias que necesitan un hogar asequible” y ha explicado que no se trata de un proceso exclusivo de facilitar una casa “sino que acompañamos a las personas para que puedan desarrollar su proyecto de vida». Mora ha añadido que cada vivienda «significa un hogar estable y un proyecto de acompañamiento para familias que parten de una situación de vulnerabilidad».

Por ello, Servicios Sociales realiza un seguimiento y una intervención comunitaria con quienes ocupan estas viviendas. Las familias firman un contrato de alquiler social y un acuerdo de intervención, con normas de convivencia y orientaciones técnicas.

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