La Dirección General de Consumo incrementará un 25 por ciento las inspecciones que se llevarán a cabo este año en la Región de Murcia, para llegar a controlar más de 275.000 unidades de productos, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.
Así se contempla en el Plan de Inspección de Consumo para 2026, publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), y que ha presentado este miércoles la consejera de Empresa, Marisa López Aragón.
El Plan prevé realizar unas 25.000 actuaciones inspectoras en diversos sectores, contempladas en las 55 campañas programadas. Este año se realizarán 16 campañas más que en 2025, lo que supone un aumento de más del 41 por ciento.
Por sectores, la planificación contempla 25 campañas centradas en el control de alimentos; 12 en productos industriales y juguetes; y 15 en servicios.
Del total programado, se incluyen además dos campañas regionales. Una de ellas, de carácter informativo, sobre las novedades de la Ley de Atención a la Clientela, aprobada recientemente en España, y la otra sobre el comercio ‘online’, con la que se pretende controlar plataformas de venta digitales para comprobar si cumplen con las exigencias vigentes.
Asimismo, habrá una dirigida por la Comisión Europea para el control de drones de juguete.
«La nueva planificación, que incluye la toma de más de un centenar de muestras para comprobar el cumplimiento de la normativa, se ha elaborado teniendo en cuenta los resultados, incidencias y reclamaciones del año pasado, incorporando también las aportaciones de las asociaciones de consumidores», ha explicado López Aragón.
En concreto, durante 2026 se van a analizar distintos tipos de alimentos como conservas vegetales, legumbres, caramelos, huevos, vinagre y aceite de oliva. En paralelo, el foco de la inspección de calidad y seguridad de los productos recaerá sobre juguetes, prendas de vestir, calzado y guirnaldas luminosas, entre otros artículos.
En este sentido, López Aragón ha subrayado que «el Gobierno regional se marca como objetivo prioritario el mantenimiento de la seguridad y los legítimos intereses de las personas consumidoras».
Especial relevancia adquiere el control de 56 operadores económicos que comercializan alimentos y productos, tanto en establecimientos físicos como ‘online’, para verificar el cumplimiento de la normativa y reforzar la trazabilidad y la correcta información a las personas consumidoras.
Asimismo, el Plan incluye una campaña de inspección a nivel nacional sobre el servicio de gestión de compraventa y arrendamiento de viviendas o locales, «un sector especialmente sensible para los intereses económicos de las personas consumidoras», detalló la consejera.
Cuando se detecten irregularidades en productos o servicios que puedan afectar a la seguridad de las personas consumidoras, se valorará el riesgo y el producto podrá incluirse en la Red de Alerta de Productos de Consumo, un sistema europeo de intercambio rápido de información para retirar del mercado los productos inseguros mediante su inmovilización o destrucción.
Asimismo, si se detectan irregularidades de carácter informativo, como deficiencias en el etiquetado o la falta de información obligatoria en castellano, las actuaciones se remitirán al departamento correspondiente, que comunicará la necesidad de subsanación antes del inicio de un posible procedimiento sancionador.
En relación con las actuaciones realizadas por los inspectores de Consumo en la Región de Murcia, y como avance de la Memoria de Actividades de 2025, destaca el control de 446.090 unidades de alimentos y productos, frente a las 343.950 unidades controladas el año anterior.
Según ha explicado la consejera, este aumento se da «gracias a la colaboración de la Inspección de Consumo con el Servicio de Vigilancia Aduanera en la supervisión de los operadores que importan o intentan importar productos defectuosos, lo que permite incrementar de forma notable el número de unidades programadas para su control».
De este total, 6.066 unidades fueron destruidas por presentar un riesgo grave para la seguridad y la salud de las personas consumidoras, mientras que, a 256.335 unidades con etiquetado defectuoso, pero subsanable, se les permitió su reetiquetado bajo la supervisión de la Inspección y su posterior puesta nuevamente en el mercado.
Respecto a las denuncias recibidas por Inspección de Consumo, interpuestas por personas consumidoras y asociaciones de consumidores, en 2025 se registraron 753, lo que supone un descenso del 12 por ciento respecto al año anterior.
En este sentido, la consejera ha explicado que «esta bajada refleja el trabajo constante de los inspectores y un mayor cumplimiento de la normativa por parte de los operadores económicos, lo que redunda directamente en la protección de los derechos de los consumidores».
Como consecuencia de la intervención de la Inspección de Consumo, los consumidores pudieron recuperar un total de 14.275 euros.