El Boletín Oficial del Estado recoge hoy la publicación del nuevo Reglamento de Extranjería con el que el Gobierno pretende regularizar a 300.000 inmigrantes al año durante los próximos tres años.
«El reglamento va a servir para combatir mafias y fraudes y para luchar contra la vulneración de derechos«, ha recalcado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
En cuanto a las necesidades del mercado laboral, Saiz ha indicado que se crea un apartado específico dentro de la norma que incluye tanto los visados de corta duración como los de larga duración. En este sentido, también ha añadido que se «simplifican» los procedimientos y se «delimitan» las competencias entre consulados y oficinas de extranjería. A partir de ahora, las autorizaciones iniciales serán de un año y las renovaciones serán de cuatro años.
Otra de las novedades es la regulación del visado de búsqueda de empleo, para el que se amplia su vigencia de tres a doce meses, con el objetivo de que «las empresas extranjeras consigan un trabajo adecuado a su perfil profesional y, al mismo tiempo, que las empresas encuentren a los profesionales que necesita».
El nuevo reglamento cuenta con cinco modalidades de arraigo: social, socioformativo, sociolaboral, familiar y el arraigo de segunda oportunidad. Se reduce el tiempo de permanencia en España de tres a dos años, se flexibilizan los requisitos a cumplir y se habilita a trabajar no sólo por cuenta ajena, sino también por cuenta propia.
La ministra ha explicado que a finales de año 2023 había 210.334 personas con autorización por arraigo, 84.983 más que en el año 2022 y del año 2022 al año 2023, las personas regularizadas por arraigo afiliadas a la seguridad social han aumentado un 30,4%.
Impacto en el medio rural
Según la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), la nueva norma tendrá un impacto positivo en el medio rural, en la medida en que facilitará la incorporación al mercado laboral a miles de personas, algo muy demandado por los sectores demandantes de mano de obra, como la agricultura y la ganadería.
UPA ha contribuido en la redacción de este Reglamento con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. “Son reivindicaciones que llevamos años luchando. Queremos que la población inmigrante que tenemos en el medio rural español se regularice”, ha señalado la Comisión Ejecutiva Federal de UPA.
Según UPA, el impacto positivo esperado es que se mejore la atracción y retención del talento, así como la competitividad de las empresas españolas en el mercado global y la integración e inclusión de los trabajadores extranjeros en el mercado laboral y la sociedad española.
Además, UPA señala que en sectores como la agricultura, la hostelería o los cuidados, que históricamente enfrentan escasez de mano de obra, esta reforma puede ayudar a cubrir vacantes con trabajadores que ya residen en España.
La mayor parte de las autorizaciones reguladas en este reglamento habilitan para trabajar desde el primer momento, sin tener que solicitar de forma expresa una autorización inicial de trabajo por cuenta ajena. Esto incluye a las personas que vienen a realizar estudios, que podrán trabajar hasta 30 horas a la semana.
En cuanto a las actividades de temporada, se ha creado una autorización específica de residencia y trabajo que facilita la contratación tanto a nivel individual como colectivo. Además, se mejora la protección de los derechos de los trabajadores, ya que deberán tener información concreta y escrita de sus condiciones laborales, de estancia y demás gastos.
En resumen, desde UPA valoran que el Reglamento aprobado representa un avance significativo hacia una política migratoria más inclusiva, humanitaria y alineada con las necesidades laborales de España.
