Un juzgado de lo Social de Cartagena ha confirmado las dos multas de 10.000 euros cada una impuestas por la Delegación del Gobierno a una empresa de Fuente Álamo por dar ocupación a dos empleados que carecían de permiso de trabajo.
La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, desestima así el recurso presentado por el dueño, que pidió la declaración de nulidad de las sanciones tras exponer que el comercio estaba cerrado y sin actividad.
También expuso que se sentía perseguido por la Administración y que todo respondía a una estratagema para regularizar así su situación en España.
El juzgado rechaza todos los argumentos exculpatorios y declara que los hechos fueron comprobados por los inspectores actuantes durante su visita a las instalaciones.
Y añade que durante esa visita los funcionarios observaron cómo uno de los trabajadores colocaba productos en una vitrina y el otro salía de un almacén con unas facturas en las manos.
Además, los inspectores dejaron constancia en el acta que uno de ellos les reveló que cobraba 500 euros al mes, mientras que el otro les dijo que cobraba 300.