La Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, abrirá este jueves el plazo para la información pública de la orden que actualiza la regulación de las Entidades de Control Ambiental (ECAs). El objetivo de esta actualización es agilizar la tramitación de los procedimientos de evaluación y autorización ambiental, mejorando la eficacia en el seguimiento de las obligaciones medioambientales. Las aportaciones se podrán presentar hasta el 5 de diciembre y se recogerán a través del Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) y el Portal de Transparencia.
La Consejería ha remarcado que el proceso de consulta se ha abierto a una amplia variedad de entidades, como la Federación de Municipios, la Asociación de Empresas de Medio Ambiente (AEMA), los colegios profesionales y diversas organizaciones empresariales, en un esfuerzo por escuchar a los agentes implicados y mejorar la normativa.
Juan Antonio Mata, director general de Medio Ambiente, explicó que uno de los principales objetivos de esta reforma normativa es facilitar la actividad productiva, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de los niveles de protección ambiental. Entre las principales novedades que incluye la orden, se destaca la distinción entre las actividades que implican toma de muestras o análisis y aquellas que se dedican a la verificación de documentación y autorizaciones.
Las ECAs son entidades especializadas que brindan apoyo tanto a las administraciones públicas como a las empresas, ayudando a cumplir las obligaciones medioambientales de la actividad económica. Estas entidades se encargan de realizar tareas de vigilancia, control, medición, informe y certificación dentro del ámbito de la calidad ambiental. Además, verifican la documentación necesaria para los procesos de evaluación y licencias ambientales, un papel clave en la gestión del medio ambiente.
En la actualidad, existen 27 ECAs registradas en la Región de Murcia, distribuidas principalmente en municipios como Murcia y Cartagena. Estas entidades también están habilitadas para gestionar la autorización ambiental de empresas e industrias, aunque las competencias finales de autorización siguen siendo competencia exclusiva del Gobierno regional. La nueva normativa se centrará en mejorar la capacidad de las ECAs para supervisar y verificar el cumplimiento de las autorizaciones otorgadas, asegurando que las empresas aporten, en un plazo de dos meses, los certificados de cumplimiento de las normativas ambientales que se requieren.
