El proyecto urbanizador ‘Novo Carthago’ tenía «encaje legal», siempre que se cumplieran determinadas condiciones que evitaran alterar los efectos perseguido con esa calificación. Así lo declaró este miércoles un funcionario de la Comunidad Autónoma como testigo en la sexta sesión del juicio que celebra la Audiencia Provincial de Murcia contra siete acusados, entre los que se encuentran los exconsejeros regionales Antonio Cerdá y Joaquín Bascuñana.
La previsión de construir 10.000 viviendas, campo de golf y hoteles en terrenos protegidos medioambientalmente junto al Mar Menor debería contar primero con un informe de la promotora del proyecto, Hansa Urbana. Se trataría de un estudio sobre la existencia en los terrenos de metales pesados procedentes de una explotación minera y los riesgos que los mismos representaban para la salud. Esta sería una de las condiciones enumeradas por el testigo.
Un argumento contrario al proyecto urbanizador ha sido el sostenido por un arquitecto que fue funcionario de la Administración regional y que en marzo de 2004 emitió un informe en el que se hacían objeciones a la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Cartagena promovida para hacer viable el proyecto.
En su opinión, los espacios especialmente protegidos no son urbanizables y el Consistorio carecía de competencias para fijar usos del suelo, al corresponder esto al Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN).
Intervienen responsables de la empresa y su asesor jurídico
La vista oral continuará este jueves con la intervención de nuevos testigos, entre los que se encuentran responsables de la empresa promotora y su asesor jurídico.
En las dos primeras sesiones de la vista oral declararon cuatro de los siete acusados, entre ellos, el exconsejero regional de Obras Públicas Joaquín Bascuñana, ya que los otros tres, incluido el exconsejero de Medio Ambiente Antonio Cerdá, pidieron hacerlo al final, cuando hayan sido practicadas las demás pruebas.
A los siete acusados, exaltos cargos regionales, se les atribuye el remover los obstáculos legales para hacer viable la construcción de este proyecto urbanizador, dentro del término municipal de Cartagena.
Tanto el fiscal como la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), que ejerce la acusación popular, señalan como principal responsable de los hechos al que era entonces, hace ahora más de veinte años, consejero de Medio Ambiente, Antonio Cerdá.
La Fiscalía reclama para él tres años y medio de cárcel, multa de 12.600 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público por el mismo tiempo como presunto autor de los delitos de falsedad y prevaricación.
Para el exconsejero de Obras Públicas Joaquín Bascuñana solicita, por el supuesto delito de prevaricación, seis años y medio de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
Entre los testigos que pasarán en los próximos días por la Audiencia Provincial de Murcia se encuentran igualmente el expresidente de la Comunidad Autónoma Ramón Luis Valcárcel y el exconsejero regional Francisco Marqués.