UGT ha ratificado su denuncia contra España por incumplir lo establecido en la Carta Social Europea (CSE) respecto a fijar una retribución superior para las horas de trabajo extraordinarias, después de que el Gobierno haya rechazado regular por ley un asunto que deja en manos de la negociación colectiva.
UGT presentó en enero la reclamación colectiva ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), que admitió a trámite la demanda del sindicato español, al que ha dado ahora derecho de réplica tras las alegaciones presentadas por el Gobierno.
En la contestación enviada a Estrasburgo, sede del Comité, UGT incide en que solo el 60 % de los convenios colectivos establecen una cuantía aumentada para el pago de las horas extra, lo que da protección únicamente al 55 % de los trabajadores bajo convenio.
Esto supone reconocer, según el escrito, que el 45% de los trabajadores en España no tiene una regulación que exija un recargo en la retribución de las horas extraordinarias superior al de las horas ordinarias.
La remisión a la negociación colectiva tiene también «un sesgo de género» dado que es mayor el porcentaje de hombres cubiertos por convenios colectivos.
El sindicato señala además que «el Gobierno no tiene rubor alguno» en justificar «esta vulneración del derecho social europeo» en una reforma laboral, realizada unilateralmente en 1994, que acabó con el recargo del 75% como mínimo establecido por ley «sin más justificación que la rebaja del coste del trabajo».
Para UGT no es justificable que esa reforma incumpliera los derechos de la carta social europea por razones solo económicas y destaca que el propio Gobierno reconoce que se incrementaron las horas extras realizadas tras su aprobación.
«El Gobierno infravalora las normas internacionales»
Para UGT, «el Gobierno español no razona ni por qué la ley española no respeta el principio de prevalencia de la norma internacional respecto de la nacional, que exigiría establecer un mínimo de la hora extra de un 25% adicional sobre la hora ordinaria, ni por qué sigue sin cumplir con lo establecido por el CEDS», que recuerda que el comité ya ha valorado con anterioridad que la legislación laboral española no se ajusta a la carta social.
UGT denuncia una infravaloración del Estado español de las normas sociales internacionales aplicables en este asunto, lo que se ve claramente en el convencimiento del Gobierno de que los criterios del CEDS respecto de los derechos de la carta social no son vinculantes.
«De ahí que incluso argumente que no es retribuyendo adicionalmente las horas extraordinarias respecto de las ordinarias como se acaba con las horas extraordinarias, sino con controles efectivos de su uso», añade UGT respecto a las alegaciones del Gobierno, que considera que un plus retributivo podría ser contraproducente para controlar las horas extra.
Dice el sindicato que el Gobierno está fiando la conformidad de la legislación española a la carta social en la «confianza en que mejore la efectividad de los instrumentos de control con las reformas futuras», lo que «evidencia que hoy se incumple».
