Los familiares de los 13 muertos en dos discotecas de la zona de ocio Atalayas, en Murcia, el 1 de octubre de 2023 denuncian la negativa del juzgado a investigar a ningún responsable del Ayuntamiento, pese a «los incumplimientos en seguridad de las salas siniestradas».
Los abogados que representan a los familiares de los fallecidos coinciden en que esa falta de investigación contra concejales, funcionarios y técnicos municipales es el «punto negro de una instrucción ampliada hasta el 1 de enero de 2026 y que, en estos dos años, ha avanzado de manera razonablemente ágil».
Al respecto, los letrados recordaron que han sido citados a declarar decenas de testigos que vivieron en primera persona el trágico incendio, y se han recibido diversos informes periciales que «evidencian importantes carencias de seguridad de las discotecas».
Las deficiencias de Teatre –donde se originó el fuego- y Fonda Milagros -donde fallecieron las trece víctimas-, ubicadas en la popular zona de ocio nocturno de Atalayas, empezaron a conocerse apenas dos días después del incendio cuando el concejal ‘popular’ de Urbanismo, Antonio Navarro, y su antecesor en el cargo, Andrés Guerrero, del PSOE, reconocieron «las irregularidades administrativas a las que no se había puesto coto».
Siete imputados
Los imputados en el caso son el gerente de Fonda Milagros, tres responsables de Teatre, el DJ que organizó la fiesta temática que se celebraba esa noche en la sala y el dueño de una máquina de fuegos fríos que se usó durante la misma y que los investigadores creen que fue la que pudo originar el incendio. El último en incluirse a esta lista negra en el mes de septiembre es el ingeniero que proyectó la división de la nave.
Cabe destacar que las discotecas se ubicaban en una misma nave industrial que estaba dividida en dos por una pared de yeso laminado, una obra que se proyectó en 2017 por los propietarios de Teatre. No obstante, los empresarios no se solicitaron licencia al Ayuntamiento de Murcia hasta junio de 2019, cuando ya estaba terminada y con Fonda Milagros funcionando.
Para las familias de las víctimas, entre los investigados deben estar también los responsables políticos y técnicos del Ayuntamiento, una petición que la jueza ha rechazado dos veces y sobre la que debe decidir la Audiencia Provincial de Murcia, que todavía no se ha pronunciado al respecto.