El Ministerio de Trabajo ha rechazado la propuesta de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) de aumentar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) un 3% para 2025, que supondría un incremento mensual de 34 euros, hasta los 1.168 euros en 14 pagas. La decisión final se pospone al próximo miércoles, cuando se espera avanzar en las negociaciones.
El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha explicado que la oferta empresarial no cumple con el objetivo de garantizar que el SMI alcance el 60% del salario medio, compromiso adquirido por el Gobierno en consonancia con las recomendaciones internacionales. Según la propuesta del Ministerio de Trabajo, el SMI debería incrementarse un 4,4%, lo que lo situaría en 1.184 euros mensuales, siguiendo la línea marcada por el comité de expertos.
Impacto social del SMI
El SMI afecta directamente a más de dos millones y medio de trabajadores, entre los que destacan las mujeres, que representan el 65% de los beneficiarios, y los jóvenes de entre 16 y 25 años, que suponen el 26%. Según Pérez Rey, la subida tendrá un especial impacto en comunidades como Extremadura, Canarias o la Región de Murcia, donde alcanza a un 16% de los empleados.
El debate también incluye propuestas de CEOE y Cepyme como la indexación del SMI a los contratos públicos y ayudas específicas para el sector agrícola. Sin embargo, Pérez Rey ha señalado que estos puntos no deberían dificultar un consenso y confía en avanzar hacia un acuerdo tripartito con los agentes sociales.
Medidas ante la falta de prórroga
Tras decaer la prórroga del decreto ‘ómnibus’, el SMI ha vuelto temporalmente a los valores de 2023, situándose en 1.080 euros mensuales en 14 pagas. El Ministerio ha asegurado que tomará medidas para garantizar que esta situación excepcional no afecte a los trabajadores, incluyendo la posibilidad de compensar retroactivamente las diferencias salariales una vez aprobado el nuevo decreto.
Los sindicatos CCOO y UGT han mostrado su preocupación por el retraso en la subida del SMI, aunque respaldan el compromiso del Gobierno de proteger a los trabajadores. No obstante, han criticado las condiciones adicionales planteadas por CEOE, calificándolas de “incoherentes”. En particular, rechazan la propuesta de vincular el SMI a los contratos públicos y defienden que el sector agrícola ya disfruta de márgenes suficientes para asumir un incremento salarial.
Ambas centrales sindicales insisten en la necesidad de fijar un SMI de 1.200 euros mensuales, en línea con las demandas del comité de expertos y los compromisos sociales del Gobierno. Mientras tanto, el Ministerio de Trabajo mantiene su objetivo de cerrar un acuerdo definitivo a la mayor brevedad posible para garantizar la estabilidad económica y social del país.
