Los distribuidores de butano han acordado suspender temporalmente el reparto domiciliario de butano a partir del 5 de noviembre. Denuncian que el servicio que prestan no cubre los gastos mínimos de reparto, por lo que en la Asamblea General de la Federación Española de Distribuidores de Gases Licuados del Petróleo (FEDGLP) han aprobado por unanimidad la suspensión temporal del servicio de reparto de bombonas de butano hasta que se cumplan las reivindicaciones del sector.
Entre sus peticiones, reclaman la modificación y actualización de la Orden IET/389/2015 por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que indica los precios máximos de venta. Requieren que la retribución mínima necesaria que deberían recibir las agencias para cubrir los costes del reparto domiciliario sea de, al menos, 4,8 euros por bombona.
Solicitan que esta actualización sea adecuada para que la comisión por bombona repartida por los operadores cubra los gastos.
Los operadores no realizarán desde el 5 de noviembre entregas domiciliarias a particulares ni a empresas, aunque seguirán garantizando el suministro a los Puntos de Venta. Asimismo, esta suspensión no afectará a usuarios en situación de vulnerabilidad social, centros educativos, sanitarios, de atención social, residencias de mayores, ni a instituciones sin ánimo de lucro.
Los días específicos sin reparto a domicilios serán 5,13,21,29 de noviembre y 5,11,17,23 de diciembre.
Según ha trasladado la FEDGLP, lamentan «profundamente la necesidad de tomar esta decisión, pero la falta de respuesta por parte de las autoridades y de los operadores, con un sistema de actualización de la retribución que lleva más de una década sin actualizarse, hace que sea necesario adoptar medidas para proteger el suministro hasta el cliente final garantizando la supervivencia de las agencias.
Los repartidores indican que «no buscan perjudicar al consumidor final, que no ha de verse afectado por las reivindicaciones del sector, si no que persiguen que las comisiones por botella que perciben se actualicen y distribuyan de manera justa y conforme a la realidad del servicio con el fin de intentar revertir el continuo deterioro de la actividad e impulsar su modernización».
Para ellos, «el encarecimiento del carburante, el incremento de los costes laborales y las exigencias medioambientales, sumado a una retribución estancada, impiden que las distribuidoras puedan seguir operando sin sufrir pérdidas».
