El Ministerio de Sanidad plantea incorporar en nueve meses a la sanidad pública al millón de funcionarios que hasta ahora recibían asistencia sanitaria a través de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), ya que a su juicio el modelo «no es sostenible en la actualidad».
En un informe, Sanidad plantea transferir a las comunidades autónomas todo el dinero que el Gobierno paga a las aseguradoras para prestar la asistencia sanitaria a los funcionarios a través de Muface, casi 2.700 millones de euros para los dos próximos años.
De esta forma, entiende el departamento que dirige Mónica García, las comunidades tendrían que destinar estos fondos con carácter finalista a implementar recursos sanitarios y podrían prestar esa asistencia sanitaria pública a los funcionarios en un plazo no superior a los nueve meses.
Además, el concurso que lanzó el Gobierno para renovar el concierto de Muface con una cuantía de 1.337 millones para 2025 y 1.344 millones para 2026, lo que suponía un incremento del 16%, fue rechazado por todas las aseguradoras por insuficiente.
El informe subraya «la negativa de las aseguradoras sanitarias privadas a concurrir al concierto planteado por el Gobierno» y recuerda que estas empresas demandan un incremento superior al 40% respecto a las condiciones actuales de financiación.
Sanidad precisa que Muface tiene en torno a 1,5 millones de mutualistas, de los cuáles 1.007.322 personas han escogido la sanidad de aseguradoras privadas (Asisa, Adeslas y DKV), lo que supone el 67,3 % de la población mutualista.
Por franjas de edad, el 42,4% de los usuarios están entre los 35 y 64 años, mientras que el 32% tiene más de 65.
Sanidad plantea un prórroga de nueve meses del concierto actualmente en vigor, de acuerdo con la ley de Contratos del Sector Público. En ese periodo se haría un proceso de integración de los mutualistas de Muface en el Sistema Nacional de Salud.
Pacientes en terapia, los últimos en el traspaso
En esos nueve meses se podría plantear una incorporación paulatina, aunque siempre teniendo en cuenta a pacientes inmersos en procesos terapéuticos que precisan continuidad y que deben ser los últimos traspasados al sistema sanitario público.
Además, el informe abre la posibilidad a que en estos nueve meses se tramite un plan de transición para garantizar la atención de pacientes crónicos en sus centros hospitalarios de referencia sin necesidad de pasar por el cauce común de una primera consulta.
