La pasada semana hubo un intento de robo de tres embarcaciones amarradas en el puerto de Cabo de Palos. En concreto, fueron dos barcos pertenecientes a clubes de buceo y una lancha del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil.
Al respecto, el portavoz del Grupo Municipal de Vox en Cartagena, Gonzalo López Pretel, ya denunció en agosto del pasado año que se habían producido más de diez intentos de robos de embarcaciones similares “y, ahora que comienza la temporada de buceo tras el parón invernal, vemos que los robos vuelven de nuevo e, incluso, intentando robarle a la propia Guardia Civil”.
Estos intentos de robo conllevan pérdidas económicas significativas a estas pequeñas empresas turísticas, pues las embarcaciones, aunque finalmente no sean robadas, sufren los graves desperfectos que los delincuentes les ocasionan en su pretensión de hacerse con ellas.
Según afirma López Pretel, “esto conlleva la pérdida de gran parte de los ingresos anuales de sus negocios, poniendo en peligro su continuidad y, por lo tanto, la de un sector económico clave para Cartagena como es el turismo azul”.
Según datos del Ministerio del Interior, la criminalidad creció en Cartagena en 2024 casi un 2% respecto al año anterior aumentando, sobre todo, los delitos por robos. “Ante esta realidad, el Gobierno de Pedro Sánchez no aumenta las plantillas de la Policía
Nacional ni de la Guardia Civil”, lamenta el portavoz de la formación verde.
Asimismo, asegura que en la inmensa mayoría de las ocasiones, los delincuentes roban las embarcaciones para traer inmigrantes ilegales a las costas de la Región. “Las mafias ‘campan a sus anchas’ para traer inmigración ilegal y descontrolada porque les es un negocio muy rentable. Y esto lo hacen gracias a la inacción del Gobierno de España”.
“Con esta situación, se enriquecen las mafias que trafican con personas, pierden los pequeños empresarios, no pueden trabajar los empleados de las empresas poniéndose en riesgo sus puestos de trabajo y, para colmo, todos los contribuyentes tenemos que costear los gastos del CATE y del CETI”, concluye Gonzalo López Pretel.