La Región de Murcia y Castilla y León, ambas con 18, seguidas de Aragón, con 16, son las únicas comunidades calificadas como transparentes en cuanto a su publicidad institucional, según el primer ranking autonómico a la hora de informar sobre los criterios y el destino de la inversión publicitaria, realizado por el Observatorio de Medios.
Los indicadores analizados en el estudio, una iniciativa impulsada por la Fundación Haz y el think tank Ethosfera, han evaluado cantidad asignada a cada campaña, consejería o departamento que autoriza la inversión, canal de comunicación seleccionado (radio, tv o digital), ámbito geográfico, población a la que se dirige la campaña y cuantía concedida a cada medio.
Las comunidades más opacas son Galicia y Cantabria, con cero puntos; seguidas de Castilla-La Mancha y Asturias, con un punto, y que prácticamente no informan sobre ningún indicador.
En concreto, solo un 18% de las comunidades explican de manera transparente y con datos actuales las cantidades asignadas a cada medio de comunicación.
Completan el grupo de comunidades opacas, Canarias, Baleares y Andalucía, con dos puntos las dos primeras y cuatro la autonomía andaluza.
En el grupo de comunidades translúcidas, figuran, y como tercera autonómica, País Vasco, con 13 puntos, seguida de Extremadura, con 11, La Rioja, con 10, Madrid con 9; Valencia y Navarra con 8 y Cataluña con 7.
«Los resultados de este primer examen de transparencia de la publicidad institucional de las comunidades autónomas ponen de manifiesto una constante de nuestro sistema político territorial: la enorme heterogeneidad de las diferentes CCAA a la hora de abordar las cuestiones y, en concreto, cuando se trata de rendir cuentas a la sociedad del destino de los fondos públicos», según ha indicado en el comunicado sobre el estudio Javier Martín Cavanna, codirector del Observatorio de Medios y coautor del informe.
El informe incide en la necesidad de contar con una normativa que estandarice criterios comunes a todas las comunidades y reclama que la transparencia de la publicidad institucional se extienda a lo largo de todas sus fases, proporcionando información sobre la planificación, con un plan de medios previsto a principios de año; sobre la ejecución, con una memoria anual, y sobre la evaluación y medición del impacto publicitario y de la audiencia, un análisis que debería ser realizado -señala- por una agencia externa independiente.
El Observatorio de Medios pide también que las CCAA que no cuentan con una legislación en esta materia (Castilla-La Mancha, Madrid, Galicia y Cantabria) la desarrollen y las que disponen de una legislación específica la adapten a las nuevas necesidades y retos que plantea la entrada de nuevos agentes de comunicación, como las redes sociales e incluyan otras formas de publicidad, como los convenios o patrocinios.
Finalmente, recuerda que es importante que las comunidades autónomas mejoren la visibilidad, accesibilidad y actualidad de sus datos en la web, «pues de poco sirve tener una legislación si no se cumple y la información no es clara y está disponible para todos los ciudadanos en la web»
