El número total de expedientes por delito fiscal remitidos por Hacienda al ministerio fiscal que fueron juzgados alcanzó en 2023 los 157, un 4,84% menos que un año antes, si bien la cuantía total defraudada rozó los 850 millones de euros, la mayor de los últimos años.
Así lo revela la Memoria anual de la Fiscalía General del Estado (FGE) de 2024 con datos de 2023, que destaca que no consta que el pasado año ningún expediente remitido por la Agencia Tributaria al ministerio fiscal haya sido archivado sin judicializar.
El número total de sentencias firmes dictadas en 2023 por delito contra la Hacienda Pública fue de 139, y las sentencias condenatorias 113, que representan el 81,29% sobre el total; de ellas, indica el documento, un 31,86% lo fue por conformidad.
Entre los elementos más llamativos de estos procesos judiciales la Fiscalía destaca el hecho de que el número de sentencias condenatorias por delito fiscal en las que se aprecia la concurrencia de la atenuante de dilaciones indebidas es muy superior al que se produce en el resto de los delitos.
El retraso, señala la Memoria, no obedece tanto a la complejidad de la instrucción, ya que los expedientes «suelen contener los datos y base probatoria esenciales sobre concurrencia del delito y sus responsables, sino por la complejidad técnico-jurídica del asunto en sí mismo».
Esto provoca dilaciones que, por un lado, comprometen el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, y, por otro, provocan un debilitamiento de la respuesta penal que se está dando en esta materia.
Asimismo, la Fiscalía ha detectado que, en este tipo de delitos, el fraude al patrimonio público se produce no tanto a la hora de declarar las cuotas correspondientes como posteriormente, a la hora de hacer efectivos los pagos.
De este modo, las declaraciones de cumplimentan correctamente pero no se abonan los importes debidos, mediante «mecanismo defraudatorios» que tratan de presentar al deudor como insolvente.
