El acuerdo social para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en 2026 depende en buena medida de una posible flexibilización de la Ley de desindexación, que permita trasladar ese incremento salarial a los contratos públicos. Así lo trasladó el Ministerio de Trabajo a patronal y sindicatos, en un contexto en el que la decisión final recae en el Ministerio de Hacienda.
Trabajo ha planteado a los agentes sociales un incremento del SMI del 3,1%, hasta 1.221 euros brutos mensuales, manteniéndolo exento de tributación. La propuesta se sitúa entre el 7,5% defendido por los sindicatos y el 1,5% planteado por la patronal. Pese a las diferencias, las partes consideran viable un acuerdo si se desbloquea la posibilidad de repercutir la subida salarial en los precios de los contratos públicos.
La patronal condiciona su apoyo a que las empresas puedan trasladar el aumento del SMI a dichos contratos, una reclamación histórica que también respaldan los sindicatos. En este contexto, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha manifestado la intención de “explorar” con Hacienda “la posibilidad de relajar las reglas de desindexación”.
Contratos públicos y costes laborales
Desde el Ministerio de Trabajo consideran incoherente que las empresas no puedan reflejar la subida del SMI en los precios de licitación de los contratos públicos. Sin embargo, cualquier modificación de la normativa está supeditada a la posición de Hacienda, que por ahora no ha mostrado disposición a flexibilizar la ley.
La Ley de desindexación, aprobada en 2015, desvincula la actualización automática de los precios públicos de referencias como la inflación, con el objetivo de mejorar la competitividad y favorecer la recuperación económica tras la crisis financiera.
Un eventual cambio normativo beneficiaría, según la patronal alianzAS, a un sector que emplea a 1,5 millones de trabajadores y representa el 2,25% del PIB. Esta organización agrupa a empresas que prestan servicios a la administración pública en ámbitos como mantenimiento de edificios, restauración colectiva, atención a mayores y dependientes, servicios domiciliarios, gestión de instalaciones deportivas, atención al cliente, centros especiales de empleo y servicios energéticos.
AlianzAS subraya que en estas empresas los salarios representan el 90% de los costes, por lo que cualquier incremento del SMI tiene “un impacto inmediato y multiplicado” que no puede absorberse sin una revisión económica de contratos, muchos de ellos de larga duración.
Posiciones de patronal y sindicatos
La patronal sostiene que la subida del SMI, una variable que no controlan, reduce la rentabilidad de las empresas licitadoras, que asumen el coste sin impacto presupuestario directo para la administración. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, resumió esta situación con la expresión “te invito a cenar, pero pagas tú”.
Desde el ámbito sindical, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, respaldó la reclamación empresarial al señalar que “en un país que tiene un sector público transferido a la empresa privada, que no se puedan contemplar los aumentos de salario impide que se pueda cumplir con los convenios colectivos”.
En la misma línea, el secretario de Acción Sindical de CCOO, Javier Pacheco, calificó de “sumamente relevante” un cambio en la desindexación para garantizar que las subidas del SMI alcancen al conjunto de trabajadores y corregir lo que definió como “una anomalía democrática” en las empresas que prestan servicios a las administraciones públicas.
El Ministerio de Trabajo volverá a reunirse con patronal y sindicatos el viernes próximo, una vez que los agentes sociales hayan analizado internamente la propuesta de incremento del SMI.