La Región de Murcia fue la tercera comunidad autónoma con mayor tasa de litigiosidad en el segundo trimestre del año, con un total de 44,42 asuntos por cada 1.000 habitantes, solo inferior a las cifras anotadas por Canarias (56,96) y Madrid (46,25).
Los órganos judiciales de la Región ingresaron entre abril y junio un total de 69.962 asuntos, lo que representa un incremento interanual del 51,8%, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU).
En el mismo periodo, los tribunales murcianos resolvieron 62.552 asuntos, un 61,4% más, y estaban en trámite al final del trimestre un total de 192.122 asuntos, lo que supone un incremento del 21,6% respecto al segundo trimestre de 2023.
Estos datos se recogen en el informe estadístico titulado Situación de los órganos judiciales en el segundo trimestre de 2024, que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha hecho público este lunes.
Desde el TSJMU han recordado que en el segundo trimestre del pasado año confluyeron dos huelgas en la Administración de Justicia, con efectos de «especial intensidad» en la Comunidad Autónoma, que «distorsionan» la comparativa en los valores estadísticos registrados en ingreso y resolución, no así en la pendencia.
Como ya adelantó el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, Miguel Pasqual del Riquelme, los asuntos en trámite al cierre del primer semestre «son casi 13.000 más que los que teníamos a principios de este año y 40.000 más que los pendientes hace un año, lo que supone que crezcan más del 20% los asuntos pendientes en solo 12 meses«.
Del Riquelme explicó entonces que «la infradotación de medios que sufre la Justicia de nuestra Región tiene efectos negativos, reales y directos sobre nuestros conciudadanos». Quienes sufren el atasco judicial «son personas con nombres y apellidos», dijo.
«Trabajadores y empresarios concretos, consumidores, propietarios, familias en crisis, menores y personas vulnerables, víctimas de delitos y también los acusados soportan los retrasos derivados de las carencias de medios que padece nuestra Justicia regional», agregó.
Por jurisdicciones
En la jurisdicción Civil ingresaron 33.893 asuntos, un 88,5% más que un año antes, se resolvieron 25.346 asuntos, un 82,6% más, y quedaron en trámite 120.527, un 30,1% más que al final del segundo trimestre de 2023.
Los asuntos registrados en la jurisdicción Penal ascendieron a 30.393, cifra que supone un incremento del 23,6% con respecto al mismo trimestre de 2023. En el mismo periodo, se resolvieron 31.402 asuntos, un 44,9% más, y quedaron en trámite 48.909 asuntos, un 8,2% más.
En la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo se registraron 1.746 nuevos asuntos, lo que equivale a ascenso del 10,3%. Los asuntos resueltos fueron 1.994, un 68,1% más que el año anterior, y los que quedaron en trámite sumaron 6.981, un 4,9% más.
En la jurisdicción Social ingresaron 3.930 nuevos asuntos, lo que supuso un crecimiento del 103,6% respecto al año anterior. Los resueltos aumentaron un 90% al alcanzar la cifra de 3.810 asuntos y los pendientes al final del periodo (15.705), aumentaron un 16,1%.
La tasa de litigiosidad media en el conjunto de España ha sido de 41,92 asuntos por cada 1.000 habitantes, cuatro puntos más que en el mismo trimestre de 2023. Las comunidades autónomas que han mostrado una tasa de litigiosidad superior a la nacional han sido Canarias (56,96), Madrid (46,25), Murcia (44,42), Asturias (43,99) y Andalucía (43,34).