Los mecanismos de protección laboral activados durante la pandemia, como los ERTEs y las prestaciones o subsidios por desempleo, ofrecieron una cobertura desigual entre grupos de edad, según un estudio elaborado por Fedea. El análisis, desarrollado a partir de microdatos de la Muestra Continua de Vidas Laborales, identifica una «doble penalización» para los jóvenes: sufrieron una mayor pérdida de empleo y, además, recibieron menos apoyo del sistema de protección.
El informe, elaborado por José Ignacio Conde-Ruiz, Jorge Fernández, Daniel Pérez y Manu García (Federal Reserve Bank of St. Louis), distingue dos canales principales de ayuda durante la crisis: los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y el acceso a prestaciones contributivas, subsidios o pensiones.
Fedea señala que sólo el 37% de los menores de 20 años logró mantener su empleo durante la pandemia, mientras que esta cifra ascendió al 77% en los mayores de 50 años. En el caso de quienes perdieron su trabajo, apenas un 51% de los jóvenes menores de 20 años recibió algún tipo de prestación, frente a más del 93% de los mayores de 50.
El estudio atribuye esta diferencia no a un trato desigual dentro de los instrumentos, sino a factores estructurales, como la elevada temporalidad del empleo juvenil y su concentración en sectores más vulnerables.
En cuanto al funcionamiento de los mecanismos, Fedea identifica diferencias. En los ERTEs, la menor protección de los jóvenes se debe a que partían de contratos más precarios. Sin embargo, al comparar trabajadores con el mismo tipo de contrato y antigüedad, los jóvenes no estuvieron peor protegidos e incluso tuvieron una probabilidad ligeramente mayor de ser incluidos en un ERTE.
Por el contrario, en el acceso a prestaciones y subsidios por desempleo, Fedea destaca que la desventaja de los jóvenes se mantiene incluso cuando se controlan factores como contrato y experiencia. Según el estudio, esto indica que el diseño del sistema favorece a quienes tienen trayectorias laborales más largas y estables, lo que en la práctica beneficia a los trabajadores de más edad. «Esto sugiere que el propio diseño del sistema penaliza a quienes tienen trayectorias laborales más cortas o inestables -como es habitual entre los jóvenes-«, recoge el informe.
Fedea concluye que, aunque los mecanismos de protección están diseñados con criterios universales, su aplicación efectiva favorece a los colectivos con mayor estabilidad previa en el mercado laboral. «Si el mercado laboral está muy dividido entre empleos estables y precarios, como ocurre en España, estas políticas tienden a proteger mejor a quienes ya estaban en una posición más fuerte», advierte el estudio.
La reforma laboral de 2021, un avance condicionado por la estabilidad real
El informe de Fedea también analiza el impacto potencial de la reforma laboral de 2021, que limitó el uso de contratos temporales y promovió la contratación indefinida, incluyendo los contratos fijos discontinuos. Según el estudio, esta reforma podría mejorar el acceso a mecanismos de protección en futuras crisis, al aumentar la estabilidad contractual. «Al dar mayor estabilidad contractual, aumentan las posibilidades de que estos trabajadores accedan a mecanismos de protección en futuras crisis», apunta el documento.
Sin embargo, Fedea matiza que el tipo de contrato no es suficiente si los empleos siguen siendo inestables en la práctica o si los requisitos para acceder a las prestaciones no se adaptan a trayectorias más fragmentadas. «Muchos trabajadores seguirán quedando fuera del sistema de protección, aunque tengan un contrato indefinido», concluye el estudio
