El Gobierno regional ha justificado la autorización de un contrato de 11,3 millones de euros para la gestión, operación y soporte de los sistemas informáticos de la Comunidad por el aumento de los ciberataques y la necesidad de garantizar el funcionamiento continuo de los servicios públicos.
El consejero de Economía, Luis Alberto Marín, ha explicado en el Pleno de la Asamblea Regional que esta inversión responde a una realidad creciente, ya que «los ataques informáticos son cada vez más continuos, más organizados y cada vez están más automatizados».
Marín ha subrayado que este contrato busca asegurar que «los sistemas funcionen, que los datos estén protegidos y que los servicios públicos no se interrumpan», al tratarse de una infraestructura tecnológica «crítica» que sostiene la actividad diaria de la Administración.
En este sentido, ha advertido de las consecuencias de un posible fallo o ataque, recordando casos como el del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), donde un ciberataque obligó a paralizar trámites. «Recuperar un sistema no es volver a darle al botón de inicio, puede llevar semanas o meses», ha señalado.
El consejero ha incidido en que detrás de estos sistemas se encuentran servicios esenciales como la sanidad, la educación o la atención al ciudadano. «Hablamos de una receta electrónica que un pensionista no puede retirar si se caen los sistemas, de una ayuda que no se tramita o de una cita que desaparece», ha afirmado.
Asimismo, ha defendido que este tipo de contratos no son una actuación puntual, sino una tarea continua que exige mantenimiento, actualización y supervisión permanente. «En tecnología hay una regla clara: lo que no se mantiene se vuelve vulnerable», ha remarcado.
La interpelación ha sido formulada por el diputado del PP Ramón Sánchez Parra, quien ha respaldado la actuación del Ejecutivo y ha defendido que este contrato responde a una necesidad estructural de la Administración.
Sánchez Parra ha señalado que no se trata de «tecnología en abstracto», sino de sistemas que permiten registrar solicitudes, gestionar ayudas o acceder a bases de datos en tiempo real. «Estamos hablando de que las cosas funcionen o de que se bloqueen», ha afirmado.
El diputado ha advertido de que un fallo en estos sistemas podría paralizar la Administración y afectar directamente a los ciudadanos. «Cuando se paraliza la administración, el problema deja de ser público y pasa a ser ciudadano», ha indicado.
Durante el debate, el consejero ha detallado que el contrato incluye el soporte integral de servidores, bases de datos corporativas, sistemas de información, entornos en la nube y plataformas de trabajo, así como la monitorización continua de los sistemas.
También ha destacado la importancia de la interoperabilidad entre consejerías y la capacidad de compartir información en tiempo real, elementos clave para el funcionamiento coordinado de la Administración.
Marín ha insistido en la necesidad de anticiparse a los problemas y no actuar una vez se producen. «Aquí no vale actuar cuando el problema ya ha ocurrido, hay que anticiparse», ha afirmado.
Por último, ha enmarcado esta inversión en el contexto de la infrafinanciación autonómica, asegurando que, pese a ello, el Gobierno regional continúa priorizando la estabilidad y seguridad de los servicios públicos mediante una planificación «estratégica y continua».