La Comisión Europea ha decidido llevar hoy a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber transpuesto correctamente la Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública, la Directiva 2014/25/UE sobre contratación pública en los sectores de los servicios públicos y la Directiva 2014/23/UE relativa a la adjudicación de contratos de concesión.
Estas normas, que los Estados miembros debían transponer a su ordenamiento jurídico nacional a más tardar el 18 de abril de 2016, obligan a los Estados miembros a aplicar procedimientos imparciales y transparentes y tienen por objeto abrir los mercados de servicios a una auténtica competencia entre las empresas de toda la UE para garantizar la mejor relación calidad-precio en las contrataciones públicas.
Tras la notificación tardía por parte de España de la transposición de las tres Directivas y el control de cumplimiento realizado por la Comisión, en diciembre de 2021 se decidió enviar una carta de emplazamiento a España, seguida de un dictamen motivado en abril de 2024.
Sin embargo, hasta la fecha, según ha comunicado la Comisión Europea, «España no ha introducido los cambios necesarios en su legislación para que sea compatible con todas las obligaciones derivadas del Derecho de la UE».
En este sentido, desde Bruselas advierten que el Derecho español se aparta considerablemente de las normas de la UE en lo que respecta a su ámbito de aplicación correspondiente a los tipos de poderes adjudicadores, los tipos de contratos y las modificaciones de los contratos que deben cumplir la legislación nacional sobre contratación pública por la que se transponen las Directivas. La Comisión considera que, hasta la fecha, los esfuerzos de las autoridades han sido insuficientes y, en consecuencia, ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Antecedentes
A fin de crear unas condiciones de competencia equitativas para las empresas de toda Europa, el Derecho de la UE establece una serie de normas mínimas armonizadas para la contratación pública. Dichas normas regulan la adquisición de bienes y la contratación de obras y servicios por parte de las autoridades públicas y determinados operadores de servicios públicos. Se transponen a la legislación nacional y se aplican a las licitaciones cuyo valor monetario excede de determinado importe. En las licitaciones de valor más reducido, se aplican las normas de carácter nacional, aunque estas normas también tienen que respetar los principios generales del Derecho de la UE.
Cada año, más de 250 000 autoridades públicas de la UE gastan alrededor del 14% del PIB (alrededor de 2 billones de euros al año) en la adquisición de suministros y en la contratación de obras y servicios. En muchos sectores, como el de la energía, el transporte, la gestión de residuos, la protección social, la sanidad y la educación, los principales compradores son las autoridades públicas.
