El Gobierno regional ha presentado alegaciones contra el Anteproyecto de Real Decreto que regula el registro de jornada laboral, por considerar que el texto estatal supone una carga desproporcionada para autónomos y pequeñas empresas, y se ha tramitado sin justificación técnica ni diálogo social.
Según la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, el texto impulsado por el Ministerio de Trabajo “no se ajusta a los principios de buena regulación” y genera “grave inseguridad jurídica” para el tejido productivo. Entre los principales motivos, el Ejecutivo regional destaca la obligatoriedad de implantar un sistema digital de registro horario en tiempo real, que requeriría verificación avanzada, almacenamiento de datos y conexión directa con la Administración.
“La improvisación no puede ser la base de una norma que afectará a millones de trabajadores”, señaló la consejera Marisa López Aragón, quien denunció también la falta de estudios económicos y el carácter “exprés” de la tramitación por parte del Gobierno central.
El texto, afirman, ignora el artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores, que atribuye la organización del registro horario a la negociación colectiva o al acuerdo de empresa. Para la Consejería, esto supone una invasión de la autonomía colectiva y vulnera principios constitucionales de participación.
Además, se advierte del riesgo en el tratamiento de datos personales, ya que el anteproyecto contempla incorporar información sensible, como pausas, tiempos de desconexión o estado civil, sin garantías suficientes de anonimización ni proporcionalidad, incumpliendo, según la Región, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
El Ejecutivo regional propone que se establezca un periodo de adaptación amplio, que se habiliten líneas de ayuda específicas para facilitar la implantación del sistema en pymes y autónomos, y que la Inspección de Trabajo realice una campaña informativa estatal previa a su entrada en vigor. También pide que la norma se ajuste a lo establecido legalmente sobre acuerdos colectivos y respete la realidad de sectores como el campo, la hostelería o el pequeño comercio.
“Defendemos un modelo de relaciones laborales equilibrado, donde se protejan los derechos de los trabajadores sin ahogar a las empresas con burocracia”, concluyó la consejera.