La Audiencia Nacional ha condenado a penas de prisión que suman 12 años y medio (cerca de 23 meses por persona) a siete acusados de formar un grupo criminal, entre ellos los responsables de la empresa Ricardo Fuentes, falsedad documental y delitos contra la salud pública por la venta fraudulenta de atún rojo.
El grupo de empresas Ricardo Fuentes es uno de los principales exportadores mundiales de atún rojo, tiene su sede en Cartagena y diferentes granjas de engorde en la Región de Murcia, así como en Malta y Túnez, y almadrabas en Cádiz, Marruecos, Italia y Portugal.
En la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, el Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional ha impuesto cerca de 23 meses de prisión y multas a cada uno de los siete acusados por la comercialización de atún rojo procedente de la pesca ilegal.
Cada uno ha sido condenado a la pena de seis meses menos un día de prisión por delito de falsedad documental, a once meses por delito contra la salud pública y a seis meses menos un día por integración en grupo criminal.
Las sanciones varían entre los 154.000 y los 28.000 euros por persona.
El Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dictaminado de esta forma sobre el caso contra la pesca ilegal de atunes, vinculado a la Operación Tarantelo, cuyas primeras actuaciones datan de 2017.
La Operación Tarantelo -en la que participaron la Guardia Civil, la Administración española y Europol- puso al descubierto en 2018 una red que introducía anualmente en España varios millones de kilos de atún rojo ilegal procedente sobre todo de Malta e Italia.
La venta ilegal incluyó el uso de aditivos para colorear el atún que incluso llegó a provocar intoxicaciones.
Entre los condenados figuran Juan Pedro Fuentes y José Fuentes (vinculados a la empresa Ricardo Fuentes); Antonio Alcaraz (Pescados Masía e Hijos) y Juan José Lara Uclés (vinculado a la sociedad Hiberniamar).
También Carlos Fernández, Javier Amorós, Kalhid Mouslin, pertenecientes a una trama valenciana, y que desarrollaban diversos cargos en el grupo de empresas Pescnortmar.
Amorós, Fernández, Mouslin, Juan Pedro Fuentes y José Fuentes deberán pagar multas de 400 euros por día, durante cinco meses y 29 días por falsedad documental (unos 72.000 euros); también han sido sancionados con el mismo importe por delito contra la salud pública; con ello la penalización ronda los 154.000 euros por persona.
Antonio Alcaraz (Pescados Masía e Hijos) y Juan José Lara Uclés (vinculado a la sociedad Hiberniamar) deberán pagar multas de 80 euros por día durante cinco meses por falsedad documental (unos 14.000 euros por persona) y un importe similar por delito contra la salud pública; la penalización se acerca a los 28.000 euros por persona.
Los siete también han sido condenados a inhabilitación especial de un año, cinco meses y 29 días para el comercio del atún rojo.
En el proceso judicial se presentaron como acusaciones particulares la organización Greenpeace, la patronal de armadores Cepesca, y la empresa catalana pesquera Balfegó, dedicada al atún rojo.