La Asamblea Regional ha rechazado respaldar el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno de España, que contempla un incremento anual de 1.188 millones de euros para la Región de Murcia. La iniciativa no ha prosperado tras el debate plenario y el cruce de enmiendas a la totalidad presentadas por varios grupos.
La portavoz del Grupo Socialista, Carmina Fernández, defendió que la propuesta supone “casi 1.200 millones” adicionales, una cifra que, según recordó, supera ampliamente los 650 millones que el consejero de Economía y Hacienda, Luis Alberto Marín, había estimado como necesidad anual de financiación, así como la quita de deuda de 3.318 millones, frente a los 3.200 millones planteados por el Ejecutivo autonómico. “El nuevo modelo le da el doble de lo que pide y aumenta la quita de la deuda a 3.318 millones y dicen que no”, afirmó, preguntándose “¿dónde está el agravio y la discriminación?”.
Desde el Grupo Popular, Joaquín Segado presentó una enmienda a la totalidad que fue rechazada por el resto de la Cámara. El portavoz sostuvo que el modelo está “hecho en Moncloa para defender los intereses de los independentistas” y defendió que la Región no debe conformarse con mejorar posiciones relativas si continúa en la parte baja del sistema de financiación.
El diputado del Grupo Mixto, José Luis Álvarez-Castellanos, también planteó una enmienda a la totalidad, que no salió adelante al contar con el voto en contra de PP y Vox y la abstención del PSOE. Reconoció que el nuevo sistema “mejora enormemente” la financiación actual y lo calificó de “más transparente y equitativo”, aunque consideró que “no es suficiente” ante el encarecimiento de los servicios públicos y abogó por una reforma fiscal progresiva.
La enmienda a la totalidad de Vox, defendida por Rubén Martínez Alpañez, también fue rechazada. El diputado atribuyó al “bipartismo” la situación actual del sistema y defendió un modelo único para todo el país.
En la misma sesión, el Pleno rechazó una moción de Vox sobre el acceso a servicios públicos y acordó ampliar hasta octubre el plazo de la comisión de investigación sobre derivaciones presuntamente irregulares del Servicio Murciano de Salud a la sanidad privada, así como de la comisión de estudio sobre reto demográfico y despoblación. Además, quedó suspendida la tramitación de la moción del PP para solicitar la retirada del borrador del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud hasta resolver una solicitud de reconsideración presentada por el PSOE.
