El Consejo General de la Abogacía Española y el Gobierno de la Comunidad autónoma de Murcia han coincido en la necesidad de adoptar medidas inmediatas para revertir el deterioro que se viene produciendo en el funcionamiento de los diferentes órganos judiciales de la Región.
Fernando López Miras y el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González han examinado la preocupante situación de los juzgados y tribunales de la Región, constatando cómo en algunos órganos los retrasos en la resolución de asuntos han llegado a triplicarse en las últimas dos décadas.
Salvador González, que ha acudido al encuentro junto con los decanos de los Colegios de la abogacía de Murcia, Cartagena y Lorca: Maravillas Hernández, Ángel Méndez y Elisa Campoy, respectivamente, ha ofrecido al presidente murciano la máxima colaboración de las instituciones colegiales para mejorar el rendimiento de los juzgados murcianos y contribuir de esta forma a reducir la brecha que separa el funcionamiento de la Justicia en Murcia con respecto a otras comunidades autónomas.
La situación descrita también sucede, por ejemplo, con los asuntos civiles de la Audiencia Provincial, que hace 20 años se tramitaban en 4 meses y que hoy en día precisan una media de 14 meses desde que se registran hasta que se resuelven, según recoge el portal estadístico del Consejo General del Poder Judicial.
Murcia es la tercera comunidad con mayor litigiosidad de España y una tasa de pendencia de 0,89, lo que indica que cada año se registran más casos de los que se resuelven, agravando así la situación de sus órganos judiciales.
Los juzgados de primera instancia o de primera instancia e instrucción de esta autonomía son los más lentos de toda España. Los casos civiles se llevan una media de 12,8 meses, casi el doble de los 7,7 meses que necesitaban hace dos décadas.
Las secciones penales de la Audiencia Provincial de Murcia también son las más lentas de todo el país, pues precisan dos años para juzgar un sumario, el doble de lo que necesitaban en el año 2003.
Los dos presidentes han considerado necesario adoptar intervenciones inmediatas en algunas sedes judiciales, independientemente de la futura implantación de los tribunales de instancia.
Aunque el Gobierno de la Región de Murcia no tiene competencias en el ámbito de la Justicia, los decanos de los tres colegios han repasado con López Miras los diferentes proyectos que en materia de infraestructuras judiciales tiene en marcha el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y le han pedido al presidente murciano que contribuya con su acción política a impulsarlos.
Entre ellos, se han señalado como cuestiones más relevantes y urgentes la ausencia de calabozos en los juzgados de Caravaca de la Cruz, los problemas de movilidad de los jueces de Lorca, los reiterados retrasos en la construcción de la Ciudad de la Justicia de Cartagena o la ralentización crónica en la instrucción de asuntos penales.
El presidente de la Abogacía Española también le ha trasladado a López Miras la situación de los profesionales de la abogacía tanto en materia de previsión social como todo lo relacionado con el Turno de oficio.
González y los decanos de Región también se han reunido posteriormente con el presidente y con el secretario de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que también ha coincidido en señalar su preocupación por la situación actual.
En las Jornadas de Extranjería que se celebran en Cartagena, el Presidente de la Abogacía Española tiene previsto mantener un encuentro con abogados y abogadas del Colegio de esta localidad.
