La Inspección de Trabajo, organismo dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social, ha dado a conocer la planificación de acciones de inspección y otras medidas que se llevarán a cabo en la Región de Murcia durante el año 2025.
Así, el próximo año están previstas 20.246 órdenes de inspección dentro de un plan entre cuyas principales áreas de actuación destaca la prevención de riesgos laborales, empleo y relaciones laborales y la economía irregular, con un importante número de campañas programadas.
En el área de prevención de riesgos laborales, se prevé realizar 5.103 actuaciones, con especial atención en la seguridad en el trabajo, que solo para el sector de la construcción incluye 1.240 campañas.
La planificación de 2025 también pone el foco en la economía irregular y la precariedad laboral en sectores vulnerables como la población extranjera. Por ello, se realizarán casi 5.500 órdenes de inspección en actividades clave de la economía regional. En la agricultura se llevarán a cabo 850 actuaciones, 700 en el comercio y 1.200 la hostelería.
Al respecto, en la Comisión Operativa Autonómica de la Inspección de Trabajo, la consejera de Empresa, Marisa López Aragón, ha demandado a la Inspección de Trabajo más medios materiales y personales para la lucha contra la economía sumergida y la brecha salarial, dos líneas en las que el Gobierno regional trabaja actualmente.
Sanciones por 22,2 millones en 2024
En el encuentro, celebrado este miércoles en el Instituto de Seguridad y Salud Laboral, también se ha dado a conocer el balance de la Inspección de Trabajo entre enero y noviembre en la Región de Murcia, cuando se llevaron a cabo 15.719 acciones que incluyeron visitas, expedientes administrativos y comparecencias, entre otras.
Estas acciones de inspección dieron como resultado un total de 4.354 infracciones, con propuestas de sanción por 22.299.984 euros.
En cuanto a las órdenes de inspección relacionadas con la economía irregular y el trabajo de personas extranjeras, en este periodo se detectaron 492 infracciones y 398 trabajadores extranjeros prestando servicio por cuenta ajena sin autorización, y se propusieron sanciones por valor de 5.035.505 euros.