El presidente de ACS, Florentino Pérez, ha pedido a la Audiencia Nacional que condene a 11 años de prisión al excomisario José Manuel Villarejo, a su socio Rafael Redondo y al exjefe de Seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo, por los encargos realizados por la compañía eléctrica a empresas vinculadas al antiguo policía, que incluían espiarle.
En un escrito de 164 páginas, el presidente del Real Madrid solicita además que Iberdrola sea considerada responsable civil subsidiario de los delitos cometidos por Asenjo, tal y como había acordado el juez instructor en el auto de procesamiento.
El pasado mes de abril, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, acordó procesar a Asenjo, Redondo y Villarejo por los encargos realizados a empresas vinculadas al excomisario, al constituir de cohecho pasivo y activo, revelación de secretos y falsedad documental.
Se trata de la pieza separada del caso Tandem, que investigaba si Iberdrola contrató al excomisario por un millón de euros entre 2004 y 2012 para, entre otras cosas, infiltrarse en plataformas contrarias a sus intereses o investigar a un accionista crítico con su gestión.
En octubre de 2023, la sala de lo penal de la Audiencia Nacional rechazó un recurso de la Fiscalía Anticorrupción y ratificó el sobreseimiento libre para el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, en la causa, si bien situó a la eléctrica y a la Administración como responsables civiles subsidiarios.
La Fiscalía Anticorrupción pide 59 años de cárcel para Villarejo, 50 años y medio para Redondo y 42 años para Asenjo, por delitos de cohecho, revelación de secretos y falsedad documental.
En su escrito, Florentino Pérez asegura que de los contactos con Villarejo, Asenjo pudo obtener «información sensible, privada y personal de aquellas personas que, según su consideración, pudiesen suponer algún tipo de estorbo para los negocios de Iberdrola o para los intereses de sus dirigentes, muy significadamente su presidente, Ignacio Sánchez Galán».
Las empresas contratantes del señor Villarejo, «en este caso, Iberdrola», abonaron «cantidades millonarias por tales servicios ilícitos», de los cuales fue objeto Florentino Pérez, maniobras «espoleadas» desde la empresa, añade el escrito.
Todo ello fue consecuencia del «legítimo intento de ACS de tener representación en el consejo de administración de Iberdrola y del miedo a los cambios que ello pudiese haber provocado en la dirección de la eléctrica».
Dirimido el conflicto societario entre ACS e Iberdrola se conoció que había un trasfondo «con un oscuro personaje», que sometió a Pérez a prácticas de «espionaje y violación de su intimidad y privacidad, así como de la de su familia», hechos que el presidente de ACS sitúa entre 2004 y 2012.
