Así, esta asociación ecologista asegura que una inversión pública de 39.000 millones al año garantizaría el transporte ecológico en Europa. En el informe presentado resalta que Europa necesita hacer tal gasto para «mantener la competitividad del continente y garantizar que la tecnología del transporte ecológico se haga en Europa«. Asimismo, T&E también demanda que se pase del gasto en infraestructuras tradicionales como carreteras y aeropuertos a nuevas infraestructuras energéticas como redes y recarga, «claves para descarbonizar el transporte por carretera».
Según el estudio, el apoyo público al alquiler social de vehículos eléctricos, los combustibles ecológicos, la fabricación de baterías y la infraestructura de recarga ayudaría a liberar siete veces más de gasto privado en tecnología ecológica en Europa cada año hasta 2030, llegando a los 271.000 millones de euros, con lo que la inversión pública y privada total ascenderá a 507.000 millones de euros anuales en 2040, a medida que se acelere el paso a las tecnologías verdes de transporte.
De esta manera, la mayor parte de la inversión (87%) en la fabricación de tecnología de transporte verde procederá de inversores privados, incluidos fabricantes y bancos, aunque las industrias más intensivas en capital y las infraestructuras energéticas necesitarán apoyo público. Según T&E, esta cifra ascenderá a 39.000 millones de euros anuales hasta 2030, una cantidad inferior a los 42.000 millones de euros que los gobiernos europeos destinan cada año a subvencionar los coches de empresa de gasolina y gasóleo.
En este contexto, T&E aboga, entre otras cosas, por la creación de un fondo comunitario de 25.000 millones de euros para apoyar la fabricación europea de baterías, sometida a una intensa presión por parte de China. De este modo se facilitaría la financiación pública para aumentar la producción local de baterías, acceder a materiales clave y reducir el riesgo de las inversiones en componentes clave como los cátodos.
