El Gobierno de España confía en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) confirme la solidez jurídica del acuerdo UE Mercosur, tras la denuncia presentada en el Parlamento Europeo sobre distintos elementos del texto. El Ejecutivo considera que el contenido del acuerdo no difiere de otros ya aprobados con terceros países y subraya que la consulta al TJUE forma parte de los procedimientos habituales de la Unión.
Fuentes del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa han señalado que la petición de opinión al TJUE sobre competencias y compatibilidad con los Tratados es una práctica recurrente y no impide que el acuerdo pueda entrar en vigor de forma provisional una vez que sea ratificado por alguno de los Estados de Mercosur. En este contexto, el departamento que dirige Carlos Cuerpo insiste en la necesidad de mantener el calendario y evitar retrasos adicionales.
Impacto económico del acuerdo
El Ejecutivo destaca que la entrada en vigor del acuerdo supondría un impulso relevante para las empresas europeas, al ampliar oportunidades de exportación y reducir barreras comerciales. El texto prevé la eliminación de más del 90% de los aranceles a las exportaciones europeas, con un ahorro estimado superior a 4.000 millones de euros anuales en costes arancelarios.
Desde Economía advierten de que cada retraso tiene un impacto directo sobre la competitividad. “Cada mes de retraso en la entrada en vigor del acuerdo UE Mercosur implica costes relevantes para nuestra economía y para la competitividad de nuestros sectores”, han indicado las mismas fuentes.
Según un estudio del ECIPE, cada mes de demora durante 2026 supondría 4.400 millones de euros de PIB no generado y 3.000 millones de euros en exportaciones perdidas, cifras que el Gobierno utiliza para reforzar su posición a favor de acelerar la ratificación.
Contexto geopolítico y posición española
El Ministerio subraya además la relevancia estratégica del acuerdo en un escenario de inestabilidad geopolítica, y asegura que España seguirá trabajando con sus socios europeos y con Mercosur para avanzar hacia su aplicación efectiva. El Ejecutivo considera que el tratado es una herramienta clave para reforzar la posición comercial de la UE y diversificar mercados en un contexto internacional incierto.