El Tribunal de Cuentas (TC) ha vuelto a llamar la atención al Gobierno regional sobre la situación del Servicio Murciano de Salud (SMS), «con partidas insuficientes para cubrir las necesidades reales» y un déficit a final de 2023 de 3.724 millones de euros, más de la mitad del presupuesto anual actual.
En su fiscalización de la ejecución de los presupuestos de la Región de ese año publicada este lunes reitera sus advertencias de años anteriores sobre la «inviabilidad estructural» de la empresa gestora de la desalinizadora de Escombreras, «con pérdidas y deudas que mantienen en causa de disolución».
«El remanente de tesorería de la administración regional a 31 de diciembre de 2023 arroja un saldo positivo de 1.894 millones que no refleja la verdadera situación financiera a corto plazo al estar sobrevalorado en 3.759 millones de euros como consecuencia principalmente de la falta de registro de obligaciones por transferencias para cubrir el déficit acumulado del SMS, con lo que aquel sería de una cifra negativa de 1.865 millones, señala el TC.
El sistema de información contable de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia no está integrado con el de gestión recaudatoria y tasas, lo que dificulta el control de los derechos pendientes de cobro, añade antes de apuntar que el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) no cuenta con un seguro para sus instalaciones ni de responsabilidad civil.
Al igual que con la de la desaladora, la auditoría de las cuentas anuales ha denegado la opinión en el Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento y el de Gestión de Residuos Sólidos por «salvedades e incorrecciones muy significativas que afectan al balance y a la cuenta de resultados, así como por la falta de información relevante en la memoria», afirma.
Ambos consorcios, junto a los de Vías Verdes y Campus Universitario de Lorca, incumplen la ley de sector público de 2015 por no haber modificado sus estatutos para ser adscritos expresamente a la Comunidad, cuyo Gobierno superó en dos puntos en 2023 el límite marcado del 0,3% del producto interior bruto autonómico.
De la planta de Cartagena agrega que las pérdidas acumuladas han reducido el patrimonio de la empresa a una cantidad inferior a la mitad del capital social, una de las causas de disolución prevista en la legislación mercantil.
Con la actual estructura productiva y en el entorno comercial en que desarrolla su actividad, remacha, existen dudas significativas sobre su viabilidad y capacidad para generar beneficios mientras que no se alteren las condiciones sobre las que se desarrolla el modelo de gestión de la desaladora, para lo que recomienda finalizar su cesión a la entidad pública regional Entidad de Saneamiento y Depuración.
En 2023 se superaron las previsiones de deuda financiera establecidas en el plan de ajuste presentado como consecuencia de su adhesión al fondo de liquidez autonómico al haberse alcanzado los 12.139 millones, cuando se estipularon 11.463.
Casi 20 años después, ni el Gobierno y cuatro entidades del sector público autonómico disponen de un plan de igualdad, lo que incumple las leyes estatales al respecto de 2007 y en sus órganos directivos y los consejos de administración de ocho de las trece empresas públicas no se ha respetado la presencia equilibrada entre hombres y mujeres.