El Congreso de los Diputados enfrenta este miércoles un debate crucial para decidir el futuro del gravamen energético aprobado por el Gobierno en 2024 y renovado para 2025 mediante decreto ley. Partidos como PP, Vox, PNV y Junts han anunciado su intención de derogar la medida, poniendo en jaque uno de los pilares fiscales del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
El gravamen, que incluye bonificaciones de hasta el 60% para empresas que inviertan en transición ecológica y descarbonización, fue presentado como una solución temporal hasta convertirse en un impuesto gestionado por las comunidades forales. Sin embargo, el PNV ha sentenciado su rechazo, argumentando que la tasa vulnera la autonomía fiscal de Euskadi y Navarra.
Autonomías forales y promesas incumplidas
El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha subrayado que el gravamen incumple compromisos previos del Gobierno de transformarlo en un impuesto concertado. «No basta con promesas recicladas», sentenció, mientras EH Bildu critica la falta de avances, calificando el decreto como «mercancía averiada».
Junts, por su parte, cuestiona que el Ministerio de Transición Ecológica sea quien evalúe qué inversiones son estratégicas. Según la formación catalana, esta centralización podría frenar proyectos como los 1.100 millones de Iberdrola en Tarragona para infraestructuras petroquímicas.
Presiones internas en el Ejecutivo
La tensión también se traslada al seno del Gobierno, donde Podemos ha advertido que romperá las negociaciones sobre los Presupuestos si la tasa se deroga. Javier Sánchez Serna, portavoz del partido, afirma que esta medida fue clave para garantizar recursos adicionales por 1.100 millones de euros en 2025.
El decreto establece que las empresas interesadas en bonificaciones deben presentar inversiones alineadas con la transición ecológica, como hidrógeno renovable o biogás. Estas solicitudes serán evaluadas en un plazo de tres meses por el Ministerio de Transición Ecológica, cuya decisión será vinculante.
