El Ayuntamiento de Murcia cerró el año 2023 con un déficit de 76,8 millones de euros, lo que supone un remanente negativo de casi 45 millones de euros más que el año anterior, por lo que el Gobierno local llevará a cabo una revisión de todos los contratos públicos para tratar de reducir costes y poder enjugar esos datos.
Lo ha anunciado el concejal de Gestión Económica, José Francisco Muñoz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno municipal, en la que se ha aprobado la liquidación del presupuesto de 2023 con un déficit del que los grupos de la oposición ya venían advirtiendo cuando se aprobó el presupuesto de 2024, que consideraron no se podría llevar a cabo por los malos datos de la liquidación.
Muñoz ha lamentado que ese “agujero” en las cuentas municipales es fruto de la “inacción” y mala gestión del anterior equipo de Gobierno del PSOE, que llegó a la alcaldía en marzo de 2021 y se mantuvo hasta las elecciones de mayo de 2023.
Así, ha recordado que la liquidación de 2022 ya arrojó también un remanente de tesorería negativo de 32 millones de euros, que el actual ejecutivo solucionó mediante la adquisición de un préstamo de legislatura de unos 20 millones de euros y el superávit incluido en el presupuesto de 2024.
Para trata ahora de dar cobertura al remanente negativo de 2023, Muñoz ha anunciado que se va a convocar la Comisión de Vigilancia de la Contratación, con el fin de estudiar uno a uno y de manera pormenorizada todos los contratos municipales de servicios para tratar de ajustar sus costes sin mermar la calidad de los servicios prestados.
En el anterior mandato, ha lamentado, se incrementó de manera sustancial el coste de algunos contratos, como el de limpieza viaria, que subió un 55%, o el de parques y jardines, que salió a licitación por un presupuesto un 35% más elevado, y cuya licitación quedó en suspenso.
Ese será uno de los contratos más importantes por volumen económico que se va a analizar en la comisión, junto con el de limpieza de edificios municipales o el de las obras de movilidad, que están pendientes de licitar y suponen una importante inversión.
Otros servicios que ya están funcionando con un contrato en vigor que no caduca próximamente, como el citado de limpieza viaria, se analizarán para valorar la posible negociación con las concesionarias.
Muñoz ha señalado que el actual equipo de gobierno tiene en fase de licitación actualmente unos 55 contratos públicos a los que ya se han aplicado “mejoras en los costes”, y ha puesto como ejemplo el de mantenimiento de las instalaciones deportivas, que venía suponiendo una inversión de más de 10 millones de euros, pero se va a licitar por debajo de los 7 millones, lo que supone un ahorro de en torno al 20%.
Cada contrato, ha asegurado, tiene sus vicisitudes y particularidades, por lo que el análisis se hará de uno en uno, y aunque no se ha atrevido a dar una previsión de ahorro que se pueda lograr, ha insistir en que todos “tienen margen para la optimización”, pero siempre primando la estabilidad de la prestación de los servicios.
“No hablamos de reducción de servicios, sino de optimización. No es un eufemismo, se puede seguir prestando el mismo nivel de servicios con economías de escala, integración de servicios y trabajos conjuntos para generar ahorros y optimizar cada euro”, ha defendido.
En cuanto a la deuda municipal, se sitúa en el 37% del presupuesto.
Pese a estas complicadas cifras, el concejal ha defendido que los proyectos de transformación de la ciudad van a seguir avanzando porque el Ejecutivo local tiene capacidad para impulsarlos al tiempo que pone “orden en el caos de las cuentas públicas”.
En ese sentido, ha recordado que en los últimos meses se han movilizado 25 millones de reos para inversiones, aglutinando remanentes de tesorería para no recurrir a más deuda a largo plazo, al tiempo que se han aprobado expedientes de crédito extraordinarios que, en un año, han puesto a disposición más de 40 millones de euros para inversiones en proyectos estratégicos y pedanías, según ha defendido.
Muñoz ha insistido en que, en la situación actual, la prioridad de su departamento es que la prestación de servicios públicos quede garantizada sin menoscabar su calidad, que las inversiones en proyectos estratégicos estén aseguradas y que se revisen con contratos con exceso de gasto, medidas que ha confiado en que tendrán capacidad para “sacar los números adelante”.
