El Ayuntamiento de Lorca ha confirmado que no concederá autorización para la instalación de la proyectada macroplanta de biogás en El Rincón de los Carranzas si se mantiene el rechazo vecinal a la infraestructura. Así lo ha manifestado el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, durante un acto público celebrado el pasado viernes, 22 de agosto, en el marco de las fiestas patronales de la pedanía.
La posición del consistorio se alinea con el criterio establecido hace un año por el propio Gobierno municipal, que supeditaba cualquier proyecto de esta naturaleza a la ausencia de conflictividad social. En este caso, la oposición expresada por residentes y colectivos vecinales de varias pedanías ha sido considerada un factor determinante para no avanzar con el expediente.
El anuncio se produjo en presencia de numerosos vecinos y de la presidenta de la Asociación de Vecinos de El Rincón de los Carranzas, Ana Fernández, también portavoz de la plataforma ciudadana «El Rincón Sin Biogás». La declaración ha sido interpretada como un cambio de rumbo en relación con el futuro del proyecto que la empresa Lambert Bioenergy planteaba en la zona.
El Ayuntamiento, sin embargo, no ha emitido aún una resolución formal sobre la paralización del proyecto, por lo que se espera que en las próximas semanas los órganos técnicos y jurídicos municipales ratifiquen oficialmente la decisión anunciada por el alcalde.
Contexto vecinal
La oposición ciudadana ha sido especialmente activa en las últimas semanas, con movilizaciones, recogidas de firmas y acciones de protesta en las pedanías de El Rincón de los Carranzas, Avilés, La Parroquia, Coy, Doña Inés y La Paca, desde donde se ha advertido del impacto potencial que tendría la planta sobre el medio ambiente, la salud pública y el modo de vida rural.
Desde la plataforma vecinal han valorado el anuncio del Ayuntamiento como «una victoria importante» y han agradecido el apoyo de asociaciones, federaciones vecinales, colectivos ecologistas y medios de comunicación. No obstante, advierten de que mantendrán su vigilancia activa hasta que se formalice la decisión en los órganos municipales correspondientes.
