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miércoles, 15 de octubre de 2025
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    EEUU confirma un laudo de 40,2 M€ contra España por los recortes a renovables

    Se trata de la quinta sentencia consecutiva contra España por impago de laudos, que ya suman 26 casos no resueltos, enfrentándose a riesgos de embargos internacionales

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    Un tribunal del Distrito de Columbia (EEUU) ha ratificado un laudo arbitral del CIADI que condena a España a pagar 40,2 millones de euros al fondo Cube Infrastructure por los recortes retroactivos a las primas de renovables aplicados en la pasada década.

    La decisión judicial da validez a la resolución de 2019 emitida por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo adscrito al Banco Mundial, y habilita al fondo a iniciar embargos sobre activos del Estado español en Estados Unidos u otras jurisdicciones.

    El caso, iniciado en 2015, se centra en los cambios regulatorios que modificaron el régimen retributivo de tres plantas fotovoltaicas y varias instalaciones hidroeléctricas en las que invertía Cube. El tribunal arbitral le reconoció una compensación de 33,7 millones de euros, más 3 millones en intereses de demora y 3,5 millones en costas procesales, lo que suma 40,2 millones de euros.

    Este fallo se suma a otras cuatro sentencias consecutivas contra España en tribunales estadounidenses en los casos de Eurus (Toyota), Infrastructure Services (Antin), RREEF e Infrared. En todos ellos, los jueces han rechazado los argumentos del Estado español y avalado la ejecución de las indemnizaciones.

    Con este nuevo revés, España acumula 26 laudos internacionales impagados, el mayor número a nivel mundial, con obligaciones reconocidas que superan los 1.492 millones de euros, a los que se suman 390 millones en intereses y sobrecostes, según datos compartidos por Blasket Renewable Investment, uno de los fondos afectados.

    Ya se han registrado embargos previos sobre bienes del Estado, como los pagos de Enaire a través de Eurocontrol o la sede del Instituto Cervantes en Londres.

    En un comunicado, las empresas implicadas advierten de que, si no se alcanzan acuerdos similares al firmado con la japonesa JGC en junio, España se expone a una nueva escalada de litigios internacionales y posibles medidas de ejecución que puedan afectar a su imagen exterior.

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