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    EE.UU ordena a España pagar 34M€ a inversores japoneses por el recorte a renovables

    El fallo incluye intereses de demora, elevando la cifra en más de un 50% desde su emisión inicial

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    La Justicia de Estados Unidos (EE.UU) ha fallado en contra de España en el marco de las disputas legales derivadas del recorte retroactivo de las primas a las energías renovables, declarando al país como deudor de 34 millones de euros en favor de la empresa japonesa JGC Corporation. Este fallo consolida el laudo arbitral emitido en noviembre de 2021 por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, que reconoció a JGC una indemnización de 23,5 millones de euros, a los que se han sumado intereses y penalizaciones por demora.

    El Tribunal del Distrito de Columbia, presidido por el juez Rudolph Contreras, ordenó que el laudo se ejecute con la misma validez que una sentencia final estadounidense, proporcionando herramientas legales para embargos de activos españoles en territorio estadounidense en caso de impago.

    La deuda reconocida incluye un incremento del 53,6% respecto a la cantidad inicial debido a los intereses de demora, situándose en 44,7 millones de euros a una tasa del 4% anual. Este caso es uno más de los 25 laudos condenatorios que España acumula por incumplir compromisos internacionales en el sector renovable, cuya suma asciende a 1.562 millones de euros, además de 326 millones en sobrecostes judiciales y financieros.

    El fallo estadounidense no solo consolida la imagen de España como un país deudor en mercados como Australia, Bélgica y Reino Unido, sino que también habilita medidas de embargo sobre activos españoles en EE.UU., como ya ha ocurrido en otras jurisdicciones. Los daños estimados a la economía española por esta inseguridad jurídica alcanzan los 7.340 millones de euros para el periodo 2023-2024.

    Orígenes del conflicto
    La reclamación de JGC Corporation, una multinacional japonesa con amplia presencia en el mercado global, comenzó en 2015 por un monto inicial de 93,5 millones de euros tras confiar en los incentivos españoles para desarrollar energías renovables. España intentó sin éxito anular el laudo del Ciadi en un proceso que concluyó en febrero de 2024.

     

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