La Policía Nacional ha detenido a 45 personas en Almería y Murcia por su implicación en una red dedicada a la compraventa de contratos de trabajo falsos para ciudadanos extranjeros en situación irregular, con los que se facilitaba la obtención fraudulenta de permisos de residencia, trabajo y prestaciones públicas.
Según un comunicado de la Comisaría Provincial de Policía Nacional en Almería, las detenciones se produjeron en el marco de una operación conjunta desarrollada entre mayo y julio de 2025. La red operaba principalmente a través de una explotación agrícola sin actividad real, utilizada como fachada para generar altas ficticias en la Seguridad Social.
El presunto líder de la trama es un empresario agrícola de 55 años, residente en Almería, quien ofrecía contratos laborales falsos a cambio de pagos de entre 3.000 y 4.000 euros, según informaron fuentes policiales. Las personas que accedían a estos contratos eran, en su mayoría, de origen marroquí, argelino, guineano, burkinés y senegalés.
En total, se han detenido a 26 personas en Almería, incluyendo intermediarios marroquíes y argelinos, y 19 en Murcia, entre ellos dos intermediarios y varios migrantes implicados en el uso de documentación laboral falsa.
La investigación, denominada Operación Jalapeño en Almería y Operación Mirlo en Murcia, se inició en diciembre de 2021 tras un informe de la Oficina Única de Extranjeros, que alertó sobre un número inusualmente elevado de solicitudes de regularización asociadas a una misma explotación agrícola. En octubre de 2022, en Murcia, se detectaron certificados falsificados vinculados a la misma empresa.
Las actuaciones permitieron descubrir que la entidad agrícola utilizada por la red había sido declarada “ficticia” por Inspección de Trabajo, al no contar con actividad real. “Su único fin era lucrarse mediante la venta de contratos falsos”, según señalaron fuentes policiales.
Además de los permisos de residencia, algunos beneficiarios de estos contratos fraudulentos accedieron a prestaciones del SEPE y del Instituto Nacional de la Seguridad Social, mediante cotizaciones inexistentes.
Los agentes reunieron pruebas documentales, declaraciones de víctimas y testigos, y realizaron reconocimientos fotográficos que permitieron identificar a los implicados.
Las diligencias han sido asumidas por el Juzgado de Instrucción número 5 de Almería y el Juzgado de Instrucción número 1 de Murcia. Los delitos investigados incluyen falsedad documental, fraude a la Seguridad Social, estafa y delitos contra los derechos de los trabajadores extranjeros.
