El Consejo Jurídico de la Región de Murcia (CJRM) ha observado la existencia de “numerosas irregularidades” en el procedimiento de emergencia acordado por la Consejería de Medio Ambiente para la adquisición de suministros para proteger los ejemplares de nacra -Pinna nobilis- existentes en la laguna salada.
En un dictamen emitido a instancias de la citada Consejería, ese órgano consultivo de la Administración coincide con los reparos recogidos en el informe de la interventora de la Comunidad Autónoma, que aseguró que existía un vicio de anulabilidad, derivado de haberse omitido la obligación de fiscalización previa del gasto, que ascendió a 178.600 euros.
Dice el CJRM que el expediente de contratación de los suministros adolece de irregularidades, como la de no quedar debidamente justificado que la duración de la emergencia y el alcance de las prestaciones “fueran lo estrictamente limitado para la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido”.
Y añade que tampoco se cumplió con lo que dispone la Ley de Contratos del Sector Público respecto a la recepción y liquidación de la prestación, para recalcar que una vez recibidos los suministros, fueron entregados a la Universidad de Murcia, “sin que conste en el expediente el título jurídico en virtud del cual se hizo tal entrega”.
Señala también que al ser el vicio detectado de anulabilidad, el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma puede autorizar a la Consejería a reconocer la obligación de pago y proceder a su abono.
Y añade que eso no evitará la necesidad de, a continuación, regularizar la situación completando el expediente con el título jurídico en base al cual se hizo la entrega de los suministros a la Universidad, en abril de 2022.