Correos incrementará en 2026 el precio de los sellos nacionales necesarios para enviar cartas y tarjetas postales normalizadas de hasta 20 gramos en un 7,87%, mientras que el paquete azul de menos de un kilo se encarecerá un 5,49%, según la propuesta de tarifas remitida por el operador postal público a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
El regulador ha resuelto que estos precios para particulares “cumplen con los requisitos que establece la ley”. No obstante, las subidas se sitúan por encima de la inflación interanual, que en el último dato disponible de noviembre alcanzó el 3%, aunque Correos destaca que los precios en España continúan por debajo de la media europea, que en 2023 fue de 1,23 euros, ajustados por paridad de poder de compra.
A partir del 1 de enero de 2026, el envío de una carta ordinaria nacional de menos de 20 gramos pasará a costar 0,96 euros, 7 céntimos más que en 2025, ejercicio en el que el precio ya subió un 8,5%. Desde 2015, cuando el sello costaba 0,42 euros, las tarifas han registrado incrementos anuales sucesivos, con alzas que llegaron al 11,1% en 2017 y al 10% en 2018.
La carta certificada nacional de menos de 20 gramos costará 5,74 euros, un 8,51% más. En el ámbito internacional, la carta ordinaria inferior a 20 gramos subirá hasta 2 euros, un 8,11% más, y la certificada, hasta 7,15 euros, un 5,15% más, en ambos casos para destinos europeos, con las excepciones recogidas en la propuesta tarifaria.
En cuanto a los paquetes, el envío nacional de menos de un kilo costará 17,09 euros, mientras que el de más de 20 kilos alcanzará los 48,11 euros, con incrementos del 5,49% y del 5,5%, respectivamente. El paquete internacional de menos de cinco kilos subirá hasta 50,7 euros, un 7,42% más, para destinos como Alemania, Francia, Italia, Portugal o Reino Unido, entre otros.
Supervisión de precios a empresas
En su resolución, la CNMC señala que reforzará la supervisión de la orientación a costes de los precios con descuento que Correos aplica a empresas y administraciones públicas. Para ello, se incorpora un nuevo estándar regulatorio basado en los costes incrementales a largo plazo (LRIC), que deberán presentarse junto a los costes históricos totalmente distribuidos para evaluar la adecuación de las tarifas a la evolución de la demanda.