La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han desmantelado una organización criminal dedicada a distribuir carburante adulterado en gasolineras ‘low cost’ del Levante.
El objetivo del grupo era esquivar los controles y evitar el pago de impuestos. Como resultado de la investigación, denominada operación ‘Tenk’, se ha detenido a 18 personas y se investiga a otras 14. Además, un total de 40 empresas han sido vinculadas con la trama, según fuentes de la Guardia Civil.
La investigación arrancó en 2023, a raíz de las quejas de vecinos de la localidad de La Hoya del Campo, en Abarán, por el continuo trasiego de camiones cisterna. Gracias a la operación, la Guardia Civil logró localizar un gasocentro ilegal, donde durante el registro se incautaron más de 70.000 litros de gasóleo, además de maquinaria y depósitos utilizados para su manipulación.
Los agentes descubrieron que el combustible intervenido era lo que se conoce como designer fuel o «combustible de diseño», una mezcla de gasóleo con otros aditivos destinada a alterar sus propiedades físicas y así eludir el pago de impuestos. Además, los agentes encontraron también una sustancia conocida como triacetina, un producto que no cumple las especificaciones establecidas para el gasóleo de automoción.
También se averiguó que el destino final de este combustible modificado eran estaciones de servicio tipo ‘low cost’ de las provincias de Murcia, Almería, Alicante y Valencia. Por último, las siguientes averiguaciones llevaron a encontrar otros dos gasocentros irregulares en los municipios de Abanilla y Silla (Valencia).
Combustible declarado como lubricante para eludir impuestos
Durante la operación, los agentes descubrieron que estos carburantes adulterados provenían de Letonia, Polonia, Eslovaquia, Hungría y Lituania, entre otros países, y que los cargamentos eran declarados como aceites y lubricantes y no como gasóleo.
El objetivo principal de la organización era evitar los controles y requisitos establecidos para el transporte de productos sujetos al Impuesto Especial de Hidrocarburos en la Unión Europea, así como eludir el pago de este impuesto, del IVA y del Impuesto sobre Sociedades.
Estas mezclas de combustible son comercializadas por organizaciones criminales de forma fraudulenta, lo que lo que genera importantes pérdidas económicas tanto para los Estados miembros de la UE como para las empresas del sector, al fomentar una competencia desleal.
Además, su combustión puede emitir gases nocivos que representan un riesgo para el medio ambiente y la salud pública. El almacenamiento inadecuado de estos productos también supone un peligro, por el riesgo de vertidos, y puede afectar negativamente al consumidor final, provocando daños en los motores de los vehículos.
Un complejo entramado
La investigación, desarrollada durante dos años, ha permitido identificar a los distintos miembros del entramado delictivo y las mercantiles ‘fantasma’ con las que operaban. En concreto, un total de 40 empresas asentadas en Murcia, Almería, Alicante, Albacete, Barcelona, Valencia, Madrid, Gerona, Lérida y Tarragona han sido relacionadas con el entramado delictivo.
Algunos de los empresarios implicados serían en realidad ‘testaferros’, personas en situación económica vulnerable que recibían dinero a cambio de ceder sus datos para la creación de empresas y cuentas bancarias. Entre estos falsos empresarios se encuentran ciudadanos de Ucrania, Letonia, Francia y España.
En el transcurso de la operación, especialistas en Policía Judicial de la Guardia Civil e inspectores del Área de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Murcia han inspeccionado un total de once estaciones de servicio y empresas.
Hasta el momento, 18 personas han sido detenidas y otras 14 han resultado investigadas como presuntas autoras de los delitos de estafa, falsedad documental, contra la hacienda pública, contra la Tesorería General de la Seguridad Social, blanqueo de capitales, contra la Seguridad Vial y de pertenencia a organización criminal.
Cabe destacar la imputación de uno de los conductores de camiones por 26 delitos contra la seguridad vial, al conducir vehículos con mercancías peligrosas sin contar con el permiso de conducción vigente.