El Gobierno ha aprobado un real decreto que regula la concesión directa de préstamos a Navantia para el desarrollo de cinco programas industriales por un total de 2.292 millones de euros con carácter excepcional y por razones de interés público, social y económico.
Dadas las elevadas inversiones necesarias para acometer estos programas, su realización sería imposible sin el apoyo de la Administración General del Estado en su financiación, según recoge dicho real decreto, que se ha publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
En qué consisten estos cinco programas
Este real decreto abarca el programa para el desarrollo de un nuevo buque de aprovisionamiento de combate (BAC II) que reemplace al actual BAC A-14 Patiño, que llegará al final de su vida útil hacia 2030. Para este programa la financiación es de 380 millones de euros.
El segundo de ellos es el programa de nuevas tecnologías aplicadas en plataformas marítimas y consiste en la modernización de las fragatas de la clase Álvaro de Bazán (F-100), que entraron en servicio entre 2002 y 2006, a fin de extender su vida operativa al menos 20 años. En este caso el importe asciende a 1.280 millones.
El tercero es el programa de nuevas tecnologías aplicadas en plataformas marítimas anfibias para modernizar dos buques de asalto anfibio de la Armada. Para la prefinanciación del mismo se fija un importe de 240 millones.
El cuarto programa se centra en un buque de acción marítima de inteligencia (BAM AGI) que reemplace al buque ‘Alerta’, en servicio en la Armada desde 1992. El préstamo es de 242 millones.
Por último, se encuentra el programa relativo al buque hidrográfico oceánico y consiste en la construcción de un buque multidisciplinar para desarrollar la capacidad hidrográfica de la Armada. En este caso la prefinanciación es de 150 millones.
Todos estos préstamos tienen carácter plurianual, se imputarán a la aplicación presupuestaria y se otorgan a un interés del 0%. Además, están asociados al cumplimiento de cada uno de los hitos que se establezcan.
Si no llegara a formalizarse el negocio entre el Ministerio de Defensa y la entidad beneficiaria antes del 31 de octubre de 2026, ésta estará obligada a devolver al Tesoro Público la totalidad del préstamo que hubiera recibido.