El primero de los dos nuevos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno y publicados este miércoles en el BOE entrará en vigor mañana y, a la espera de que se fije la fecha para llevarlos a la Diputación Permanente del Congreso, el 11 de noviembre habrá previsiblemente una huelga general a las puertas de las elecciones generales.
El desahucio en Madrid de Maricarmen Abascal, de 87 años, aceleró la puesta en marcha de nuevas medidas en materia de vivienda que culminaron en un acuerdo de última hora entre PSOE y Sumar para aprobar dos decretos la pasada semana, que fueron rechazados en el Congreso de los Diputados y que llevaron al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a convocar elecciones generales.
Justificando la urgencia del problema de vivienda que arrastra España, el Ejecutivo acaba de aprobar dos nuevos decretos de vivienda que incluyen algunas modificaciones y que se llevarán esta vez a la Diputación Permanente.
El PNV ha confirmado que votará a favor del primero de los decretos, que entrará en vigor mañana, y que tiene visos de convalidarse, y rechazará el segundo, el que recoge la prórroga automática de los alquileres, que decaerá. La formación vasca ha reconocido que aunque legal, llevarlos a la Diputación Permanente «no es ortodoxo» ni «bonito».
Este segundo decreto, promovido por Sumar y el Sindicato de Inquilinas, está previsto que entre en vigor el 15 de noviembre, pero al celebrarse antes la Diputación Permanente decaerá previamente.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha recalcado que la soberanía popular no se extingue con la Diputación Permanente y que si hay un problema urgente que concierne a todos es el de la vivienda.
Una campaña electoral marcada por la vivienda
Lo que ya parece más que seguro es que la huelga general por el derecho a la vivienda será el 11 de noviembre, 18 días antes de las elecciones generales. Era la fecha que había propuesto la Confederación de Sindicatos de Inquilinas tras hablar con los acampados de la madrileña Puerta del Sol y que ha confirmado posteriormente UGT.
No obstante, la confirmación definitiva de la fecha se hará esta tarde en el marco de una reunión de los sindicatos en Madrid.
Desde Sumar, Alberto Ibáñez ha destacado que el nuevo decreto mejora la redacción de lo que es un «fondo buitre» y «se acerca» a la propuesta que presentaron hace un año para «prohibir la compra especulativa» de vivienda a las empresas.
También ha resaltado que con el nuevo decreto los portales inmobiliarios van a tener que informar al inquilino, tanto del precio que piden las empresas como del que establece el Ministerio de Vivienda para el mismo inmueble.
El sector alerta de una retirada de vivienda en alquiler y freno de proyectos
El portal inmobiliario Idealista sostiene que España ha perdido 393.000 viviendas de alquiler entre 2018, cuando arranca el gobierno de Pedro Sánchez, y 2025, lo que equivale a una caída del 44 % en siete años. Según sus datos, en Barcelona capital, donde se aplica el límite de rentas, ha caído un 83% y en la ciudad de Madrid un 58%.
La ministra de Vivienda ha asegurado, sin embargo, que no hay menos viviendas en alquiler desde que gobiernan sino menos rotación y lo que está impidiendo acceder a las personas al alquiler es la especulación.
Desde la Asociación de Promotores y Constructores de España APCE alertan de que los dos decretos de vivienda ya frenan proyectos de alquiler y auguran que no se iniciarán nuevos. La patronal reclama abordar con urgencia un gran Pacto de Estado en el que esté también el sector para lograr medidas más eficaces y prolongadas en el tiempo.
La Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval) denuncia que los nuevos decretos penalizan a quienes aportan vivienda al mercado, trasladan a los propietarios responsabilidades que son de las administraciones públicas y no atacan el problema de fondo, la falta de vivienda, que se verá agravada. Por ello, pide rigor, diálogo y consenso acometer reformas estructurales.