La Asociación de Constructores de Murcia (Acomur) ha alertado del lastre que está suponiendo para la construcción de infraestructuras públicas en la Región la licitación de obras “con precios escandalosamente inferiores a los de mercado, por un lado, y la falta de actualización de los costes para adaptarlos a los reales, por otro, pese a que ambas situaciones contravienen la Ley de Contratos del Sector Público”, como indica el presidente de la asociación, José Juan González.
En concreto, esta normativa especifica en los artículos 100 al 102 que los precios deben ser ciertos, reales, ajustados al mercado y adecuados para el correcto cumplimiento del contrato, incluyendo todos los costes efectivos necesarios para ejecutarlo. Asimismo, los artículos 103 y 105 reconocen que estos costes deben poder revisarse cuando la realidad cambia, para ser coherentes con su fluctuación.
Esto es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el proyecto de reforma del edificio Escuelas Nuevas de El Palmar, donde el Ayuntamiento de Murcia prevé instalar una biblioteca. La licitación, cuyo plazo de presentación de solicitudes culminó el pasado 6 de abril, ha quedado desierta, un hecho que ya anticipó Acomur tras señalar que los precios de las unidades de obra estaban un 50% por debajo del valor actual de mercado.
Esta situación no es un hecho aislado, sino que ha ocurrido también con otras actuaciones como la futura Ciudad del tenis Carlos Alcaraz, también en El Palmar, sobre la que Acomur presentó un recurso ante el propio consistorio murciano, tal y como establece la normativa en casos donde la obra tenga un importe inferior a los tres millones de euros. Este recurso, que opera bajo el silencio administrativo negativo, fue rechazado por el consistorio al no dar respuesta a la asociación.
Todos estos aspectos asociados a los precios de los materiales implican no solo un perjuicio para las empresas constructoras, sino un desperdicio de recursos públicos “al perder tiempo en redactar un proyecto al que es muy difícil que las empresas concurran y que cuando queda desierto debe ser de nuevo ajustado, alargando considerablemente el tiempo necesario para llevar a cabo obras que suponen un beneficio para todos los ciudadanos”, tal y como señala González.
En este sentido, también recalca “la voluntad colaborativa que tenemos desde Acomur para trabajar con las administraciones. Las entidades públicas y privadas debemos ir de la mano para que las infraestructuras necesarias sean una realidad sin poner en peligro la viabilidad de un sector que da trabajo directo a más de 40.000 personas y que cada vez tiene más difícil llevar a cabo su actividad en condiciones adecuadas”.