La Inspección de Trabajo ha concluido sus actuaciones sobre Uber Eats con la reclamación de 110 millones de euros por cotizaciones impagadas y 60.000 altas de falsos autónomos, según han confirmado a Europa Press en fuentes del Ministerio de Yolanda Díaz tras una información adelantada por ‘El País’.
La Inspección abrió el pasado mes de julio una investigación sobre esta plataforma para vigilar que su modelo de contratación cumplía con las exigencias legales de reconocer como asalariados a sus trabajadores.
Por su parte, un portavoz de la plataforma de ‘delivery’ ha reafirmado el «compromiso con el cumplimiento de las obligaciones» que le correspondan. «Seguiremos trabajando con repartidores, sindicatos y el Gobierno para garantizar un proceso justo para todos», ha señalado tras la reclamación de la Inspección de Trabajo.
Desde el Departamento de Yolanda Díaz se ha vigilado estrictamente que el modelo de contratación de las empresas de reparto cumpla con las exigencias legales de reconocimiento de laboralidad establecidas en la llamada ‘Ley Rider’.
Esta norma, que obliga a las plataformas digitales de reparto a contratar como asalariados a sus repartidores, entró en vigor en agosto de 2021.
La ley, fruto del acuerdo entre Trabajo, CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, afecta a las relaciones laborales entre las plataformas dedicadas al reparto o distribución de cualquier producto o mercancía y sus trabajadores.
En ella se reconoce la presunción de laboralidad de los trabajadores que prestan servicios retribuidos de reparto a través de empresas que gestionan esta labor mediante una plataforma digital, en línea con la sentencia que dictó el Tribunal Supremo en septiembre de 2020 en la que establecía que los repartidores son trabajadores por cuenta ajena y no autónomos.
Uber Eats anunció el pasado mes de enero su intención de dejar de trabajar con repartidores autónomos en España.
«Uber Eats reafirma su compromiso con el cumplimiento de la Ley Rider. Después de cuatro años en los que hemos acumulado una gran experiencia trabajando con empresas expertas en logística, y con el objetivo de fomentar un modelo sostenible a largo plazo, hemos tomado la decisión de dejar de colaborar con repartidores autónomos», aseguró entonces un portavoz de la plataforma.
De esta forma, la empresa de reparto de comida a domicilio explicó que los repartidores que todavía utilizaban su aplicación como autónomos podrían continuar trabajando como empleados por cuenta ajena de una de sus flotas colaboradoras.
«Manifestamos nuestro compromiso con el cumplimiento de las obligaciones que nos correspondan, así como nuestra intención de poner fin a todos los litigios pendientes y estamos a disposición de repartidores, sindicatos y el Gobierno para garantizar un proceso justo para todos», recalcó Uber Eats el pasado mes de enero.
Con esta decisión, la plataforma de ‘delivery’ siguió los pasos de Just Eat, pionera en la laboralidad de sus repartidores, y de Glovo, que en diciembre de 2024 anunció su cambio de modelo en España para operar con repartidores laborales en vez de autónomos.
Uber Eats afirmó en enero que se adaptó a la Ley Rider en 2021, apostando por el modelo laboral en España, mientras que en 2022 operaba ya con un modelo híbrido en el que sus repartidores podían elegir entre ser asalariados o autónomos. Así, en 2025, más de 7.000 repartidores fueron contratados por alguna de sus flotas colaboradoras.