El sindicato ANPE Murcia ha expresado su rechazo al calendario de actos de adjudicación publicado por la Consejería de Educación de la Región de Murcia para los meses de marzo y abril, al considerar que puede dejar casi cuatro semanas sin cubrir sustituciones docentes.
En un comunicado, la organización sindical califica de “inaceptable” que durante ese periodo docentes interinos y centros educativos puedan permanecer sin nuevos actos de adjudicación, lo que implicaría la falta de cobertura de bajas en los centros educativos de la Región de Murcia.
Según el sindicato, esta situación “perjudica tanto al profesorado interino como al funcionamiento de los centros educativos, que verían dificultada la sustitución de bajas durante este periodo”.
La organización también recuerda que continúa trabajando por la mejora de las condiciones laborales del profesorado, especialmente del personal interino, así como por garantizar el funcionamiento de los centros educativos.
Calendario sin adjudicaciones durante casi un mes
De acuerdo con el calendario publicado por la Consejería, el último acto de adjudicación antes de las vacaciones de Semana Santa se celebrará el martes 10 de marzo, con incorporación del profesorado el jueves 12 de marzo.
El siguiente acto está previsto para el martes 14 de abril, con incorporación el jueves 16 de abril, lo que, según el sindicato, supone un periodo de casi cuatro semanas sin nuevos procesos de adjudicación.
Desde ANPE también se advierte de que el alumnado “tiene derecho a recibir una educación de calidad, algo que no se puede garantizar si faltan docentes en las aulas. Por ello, considera que este calendario supone un perjuicio directo para el desarrollo normal de la actividad educativa”.
El sindicato sostiene además que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia recurre a medidas que implican ahorro en educación, y recuerda que el sistema educativo “se sostiene gracias al trabajo del profesorado”.
Por ello, ANPE exige a la Consejería que incremente la inversión educativa y que no se reduzcan recursos vinculados a las condiciones laborales del profesorado ni a las medidas destinadas a mejorar la calidad educativa.