El Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid ha citado al CEO de Cloudflare, Matthew Prince, para declarar el próximo 7 de abril como investigado en relación con una querella presentada por LaLiga y Movistar Plus+ (Telefónica Audiovisual Digital) por presuntos delitos de piratería audiovisual. La querella, que ya ha sido admitida a trámite, también involucra a la mercantil Cloudflare Inc. y su filial Cloudflare Portugal Unipessoal Lda. como persona jurídica.
Este es el primer caso judicial en España que involucra a una compañía tecnológica estadounidense por delitos contra la propiedad intelectual. La denuncia apunta a la presunta facilitación de servicios por parte de Cloudflare que habrían obstaculizado la ejecución de una sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Barcelona, dictada en diciembre de 2024, que permitía a LaLiga y Movistar Plus+ notificar a los proveedores de acceso a Internet las direcciones IP vinculadas a plataformas piratas que difunden contenidos protegidos sin autorización.
Tres delitos de especial gravedad
La querella denuncia tres delitos graves: piratería audiovisual, amenazas o coacciones, y obstrucción a la justicia. Se argumenta que Cloudflare, al proporcionar servicios de ocultación de direcciones IP mediante su red de distribución de contenidos (CDN) y su sistema de reverse proxy, habría facilitado el acceso a contenido pirata de LaLiga. Aproximadamente el 38% de la piratería que ocurre en España utiliza los servicios de Cloudflare para esconder la IP real de los servidores, lo que la convierte en un «actor imprescindible» en la cadena de piratería.
Negativa a cumplir requerimientos
LaLiga y Movistar Plus+ sostienen que Cloudflare ignoró más de 114 requerimientos formales relacionados con plataformas ilícitas, a pesar de contar con capacidad técnica para bloquear el acceso a esos sitios. Además, se le atribuye el alojamiento temporal, transporte y almacenamiento en caché de los flujos de streaming pirata.
Declaraciones públicas de obstrucción a la justicia
Las declaraciones del CEO de Cloudflare, Matthew Prince, se consideran agravantes en la querella. Prince ha afirmado en público que las resoluciones judiciales de países fuera de Estados Unidos no son vinculantes para su empresa, y que Cloudflare podría adoptar medidas, como retirar servicios de ciberseguridad en Europa, en caso de ser obligados a cumplir dichas resoluciones. Estos comentarios, en los que también criticó resoluciones judiciales de países como Italia y Francia, se interpretan como una voluntad consciente de dificultar el cumplimiento de las decisiones judiciales europeas.
Daños económicos estimados
Según la querella, los daños económicos causados por la actividad ilícita vinculada a Cloudflare ascenderían a 859 millones de euros anuales, con la empresa obteniendo beneficios millonarios derivados de los servicios prestados a plataformas de piratería.