La Guardia Civil ha detectado 941 infraestructuras ilegales de extracción de agua y ha investigado a 31 personas por su presunta implicación en delitos relacionado con la «distracción de agua» y daños a recursos naturales en Andalucía, Madrid y la Región de Murcia. Según el Seprona han ocasionado daños con un valor de más de 270 millones de euros al Dominio Público Hidráulico.
Por este motivo, hay dos investigados en Mazarrón por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente tras ocasionar más de 2,9 millones de euros en daños medioambientales al poner en regadío más de 47 hectáreas de terreno catalogadas como de secano.
El Instituto Armado ha informado en un comunicado de que estas intervenciones en diversos puntos de España tuvieron lugar entre octubre de 2024 y septiembre de 2025 han supuesto 29 infracciones penales y tramitado más de un millar de infracciones administrativas.
Entre los delitos, la Benemérita destaca que el 59% son de distracción de aguas de uso público, el 28% contra los recursos naturales y el medio ambiente y el 7% contra la ordenación del territorio.
Del mismo modo, detectaron que el 60% de las instalaciones eran pozos; el 24%, sondeos; el 4%, balsas y el 12% restante correspondían a otros métodos de captación ilegal como «derivaciones o trasvases artificiales».
Por todo ello, hasta el momento se han gestionado 1.684 infracciones administrativas, de las cuales el 77% corresponden a vulneraciones de la normativa en materia de aguas.
La operación ‘Zahorí’ en la que se enmarcan las más de 900 infraestructuras detectadas, incluye cuatro intervenciones llevadas a cabo entre Huelva, Córdoba, Madrid y Murcia.
Además, de los dos investigados en Mazarrón, la investigación de Huelva dejó un saldo de trece investigados -ocho personas físicas y cinco jurídicas-, tres delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, además de dos delitos contra la ordenación del territorio, tras haber localizado varias infraestructuras hídricas ilegales en el entorno del Parque Nacional de Doñana y su corona forestal.
En Las Rozas (Madrid), los agentes descubrieron un sondeo no autorizado por la Confederación Hidrográfica del Tajo y otro legal que tenía un sistema de ‘bypass’ instalado de forma fraudulenta antes del contador volumétrico, que evitaba el registro del caudal extraído.
La operación en la capital, que aún permanece abierta, de momento cuenta con dos investigados por presunta implicación en delitos de usurpación de aguas, defraudación y estafa agravada, así como por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, por haberse aprovechado ilícitamente de agua por un valor de 1,6 millones de euros desde 2002.
Por otro lado, en una inspección conjunta con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, se investigaron a dos personas –una física y otra jurídica– al detectar pozos clandestinos destinados al regadío y otras captaciones legales con sistemas de ‘bypass’ fraudulentos.