El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha puesto fin al periplo judicial de una trabajadora de Renfe en Sevilla, confirmando que su despido fue procedente y sin derecho a indemnización. La empleada, que contaba con un salario superior a los 3.000 euros mensuales, fue cazada tras una auditoría interna que reveló un esquema de fraude sistemático aprovechando las deficiencias en el sistema de reclamaciones.
La trabajadora aprovechaba su acceso a las herramientas internas para localizar trenes que habían sufrido retrasos significativos. Una vez identificados, seleccionaba billetes cuyos pasajeros no habían ejercido su derecho a indemnización. Utilizando tanto su propio acceso como claves ajenas de otros compañeros, procesaba las devoluciones de dichos importes, desviando el dinero para beneficio propio.
La seguridad interna de Renfe detectó anomalías en la aplicación de gestión comercial denominada MOL. La investigación técnica pudo trazar las operaciones hasta su puesto de trabajo, confirmando que se habían emitido pagos por valor de casi 2.000 euros bajo un patrón sospechoso: devoluciones múltiples en fechas concretas que no correspondían a solicitudes reales de viajeros.
Aunque la defensa de la empleada intentó impugnar el despido alegando indefensión o errores en la prueba, el TSJA ha sido tajante: el uso fraudulento de las herramientas de la empresa y la quiebra de la buena fe contractual son motivos suficientes para el despido disciplinario. La sentencia subraya la gravedad de utilizar perfiles de otros empleados para ocultar el rastro de las transacciones, lo que agrava la falta de lealtad hacia la compañía pública.