Una profesora de un instituto de Murcia ha reclamado 7.200 euros a la Consejería de Educación por los daños sufridos en un accidente de tráfico ocurrido en mayo de 2022. Según la demandante, el siniestro tuvo lugar mientras se dirigía en su coche particular a una reunión sobre las prácticas de un alumno en la empresa donde tenía concertada una cita.
La reclamante explicó que, al intentar esquivar un perro que se cruzó en la carretera, su coche chocó contra un bordillo, lo que le causó lesiones personales y generó daños materiales en el vehículo. En su solicitud de indemnización, la profesora solicitó 4.580 euros por los daños en el coche y 2.600 euros por las lesiones sufridas, además de los intereses financieros del préstamo que tuvo que solicitar para reparar el vehículo.
La reclamación fue sometida a un dictamen por el Consejo Jurídico de la Región de Murcia (CJRM), el cual respaldó la propuesta desestimatoria del instructor del expediente. El dictamen afirma que no existe una relación de causalidad entre el incidente y el funcionamiento de los servicios públicos, elemento necesario para que la Consejería de Educación asuma responsabilidad patrimonial. En su resolución, el CJRM destacó que el accidente se produjo por la actuación de la propia reclamante o por un tercero ajeno al servicio educativo, en este caso, el perro, sobre los cuales la Administración no tiene deberes de vigilancia o protección.